En un comunicado de 15 páginas, el expresidente Álvaro Uribe se dirigió a las autoridades argentinas, luego de que un fiscal abriera una investigación en su contra por posiblemente estar involucrado en crímenes de lesa humanidad. Se trata de una suerte de máxima en el derecho que indica que cualquier Estado puede juzgar ese tipo de delitos, aunque no hayan ocurrido en su territorio.
Las acciones penales fueron iniciadas luego de que once familiares de víctimas de ‘falsos positivos’ y tres oenegés (el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Corporación Jurídica Libertad) lo denunciaron en Argentina, con el fin de que sea investigado bajo el principio de justicia universal para delitos de lesa humanidad.
El fiscal encargado, Carlos Stornelli, pidió a un juez una práctica de pruebas con testimonios de familiares de las víctimas y, pese a que en otros momentos, Uribe ya se había pronunciado en defensa de su gobierno, este sábado 30 de diciembre volvió a hablar al respecto y esta vez aseguró que “jamás se dio una orden contraria a la ley” y presentó cifras favorables de su administración.
Sobre la seguridad, el exmandatario mencionó que “los homicidios pasaron de 28.837 casos (2002) a 15.817 (2010), el secuestro extorsivo pasó de 1708 casos (2002) a 75 (2010), el asesinato de sindicalistas y maestros sindicalizados pasó de 200 (2002) a 14 en 2010 (Se hubiera querido que la cifra fuera cero), el asesinato de periodistas disminuyó de 15 casos en 2002 a 1 en 2010, mientras en 2002 se registraron 115 masacres, en 2010 hubo 10 (hubiéramos querido una cifra de cero)”.
Explicó que “en muchas regiones colombianas la ciudadanía que se sentía desprotegida por falta de una política de seguridad apeló a crear grupos de autodefensa. Tanto las guerrillas, como los grupos de autodefensa, terminaron en el narcotráfico, cometiendo, ambos, acciones narcoterroristas de la mayor crueldad”.
Uribe aseguró que su concepto de “Seguridad Democrática buscaba recuperar la confianza en Colombia para todos los ciudadanos, independientemente de su posición política” y que “protegió por igual a todos los dirigentes afectos al Gobierno como a los de oposición. El actual presidente, Gustavo Petro, y la senadora Piedad Córdoba, por mencionar algunos, que aparecían como caracterizados líderes de la oposición, tuvieron todas las garantías efectivas”.
Por ello, indicó que durante su administración “muchas personas asiladas o refugiadas en el extranjero pudieron regresar al país. No pudimos frenar totalmente el desplazamiento interno, pero disminuyó y muchas comunidades pudieron regresar a sus territorios”.
En ese sentido, reiteró que en ningún momento dio una orden para una ejecución extrajudicial y que para él siempre ha sido lamentable que miembros de las Fuerzas Militares hayan estado involucrados en estos delitos. Además, indicó que ningún militar puede asegurar él que haya dado órdenes en ese sentido y explicó a las autoridades argentinas que en ese momento los grupos armados ilegales mandaban en varias regiones del país.
“Algunos militares, vergonzosamente, violaron los Derechos Humanos y fue un gran infortunio para la Nación. Dejaron una grave mancha que jamás podrá olvidarse. Cuánto me duele que la política de Seguridad Democrática, que con la confianza inversionista y la cohesión social tanto bien hicieron a Colombia, tenga la afectación de violaciones a los Derechos Humanos”, añadió.
También comentó que, cuando supo de los graves hechos relacionados con prácticas de ese tipo, reaccioné con varias decisiones: “Se promovieron y realizaron gestiones para obtener los recursos presupuestales que permitieron incrementar el número de fiscales de Derechos Humanos. Pasaron de 42 a 102, incremento hecho para que avanzaran en las investigaciones”.
Y dijo que “cuando hubiera una baja, las Fuerzas Armadas no podían mover el cadáver, sino que tenían que esperar a la Fiscalía, para que sus fiscales hicieran el levantamiento del cadáver en el sitio”.