Por Olga Lucía Criollo, Editora Política
“‘La Inmaculada’ se puede someter a la justicia sin necesidad de un acercamiento con el Gobierno, solo es que lo manifieste ante la Fiscalía y la Policía, y se puede iniciar el proceso con la legislación vigente, pero, con beneficios, si desarticula toda la estructura criminal y devuelve lo que han obtenido de la extorsión y reparan a las víctimas”.
Así responde el ministro de Justicia, Néstor Osuna, a la posibilidad de que esa banda delincuencial, que ha causado zozobra en Tuluá, protagonice un proceso de sometimiento similar al de los ‘Shottas’ y los ‘Espartanos’ en Buenaventura.
¿Qué conclusión se lleva usted de la reunión sobre seguridad que tuvieron el viernes pasado en Tuluá, con la presencia del presidente Petro?
Mi conclusión es optimista, en el sentido de que pude apreciar que hay articulación muy favorable entre el Gobierno Nacional, el Departamental y los municipales, para resolver los asuntos de seguridad que están afectando al Valle del Cauca. Podemos analizar cómo la actuación de la Policía ha producido resultados en capturas, disminución de tasas de homicidio, hurtos, lesiones, y eso indica que vamos por buen camino.
El asunto que hay que resolver es la extorsión, especialmente en algunas ciudades, pero la combinación de la Fuerza Pública en general, y una mayor atención en oferta social a esa población vulnerable que está en riesgo de caer en las garras de la criminalidad, es la fórmula que autoridades nacionales y locales y los organismos de control concluimos que es la más acertada y que nos permite mirar con optimismo el futuro de la seguridad en el Valle.
En el caso de ‘La Inmaculada’ y otras bandas, es evidente que no se logra evitar que sus jefes sigan dando órdenes desde la cárcel...
Hay que combinar dos estrategias, porque si la orden se da desde la cárcel, hay alguien afuera que la está ejecutando, y esa persona está siendo perseguida y a punto de ser atrapada por la Policía. En cuanto a los que están adentro, hemos implementado una operación de rotación aleatoria frecuente en quienes sabemos que están involucrados en esas actividades en diferentes cárceles del país, lo cual ha venido dando resultados, porque les dificulta mucho esas comunicaciones por teléfonos ilegales que usan para enviar mensajes extorsivos o hablar con sus bandas para actividades criminales. Sin embargo, para reforzar eso, pronto estarán en funcionamiento dos lugares más de reclusión con severo aislamiento, uno es en Bogotá, en la cárcel de la Dijín, y el otro en un campamento de la colonia penal de Acacías. En los dos no hay posibilidad alguna de que llegue señal de celular, así que entrar un aparato escondido no va a tener ninguna utilidad. Eso y actividades de inteligencia para seguir desarticulando las bandas, nos va a permitir avanzar en antiextorsión y en la disminución de la criminalidad.
¿Es posible que haya un sometimiento a la Justicia por parte de ‘La Inmaculada’?
En este momento no hay ningún acercamiento con esa banda. Hace algunos meses lo hubo, pero la Oficina del Comisionado de Paz verificó que no había voluntad de sometimiento, sino un intento de conversaciones sin finalidad alguna. Ahora, ellos se pueden someter a la Justicia sin necesidad de un acercamiento con el Gobierno, solo es que lo manifiesten ante la Fiscalía y la Policía, y se puede iniciar el proceso con la legislación vigente, pero, con beneficios, si desarticulan toda la estructura criminal y devuelven lo que han obtenido de la extorsión y reparan a las víctimas.
¿Cuál es la importancia de la Jurisdicción Agraria y Rural que esta semana se aprobó en la Comisión Primera de la Cámara?
Para que los pleitos, litigios y desencuentros que se dan por la tenencia de la tierra, la propiedad y la venta de cultivos tengan por fin atención del Estado, con un juez que esté cerca del territorio, especializado en temas agrarios, y que sea un acceso con procedimientos rápidos, sin tecnicismos, fácil para los campesinos y campesinas de nuestro país, y así se pueda resolver de un modo pacífico lo que históricamente se ha resuelto de modo violento en nuestro país.
¿Cree que ese y otros proyectos que el Gobierno quiere tramitar ante el Congreso se verán torpedeados por el escándalo de la Ungrd?
Espero que eso no ocurra, y una buena prueba de ello es que esta semana, ya con ese escándalo en la prensa, se aprobó ese proyecto de ley estatutaria, porque sería muy mala noticia para el país que porque haya un escándalo de corrupción, judicialmente no verificado, pero sí muy discutido en la opinión pública, se paralice un proyecto que no tiene que ver con un capricho del Gobierno ni con una postura específica, sino que es una sentida necesidad de toda la ruralidad. Incluso, el año pasado la reforma constitucional que creó la Jurisdicción Agraria fue aprobada por unanimidad. Todos los partidos, aunque en otros temas estaban en oposición o en Gobierno, votaron a favor tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.
Pero hay voces en ambas corporaciones que han pedido que no se voten los proyectos oficiales...
Creo que, salvo algunas voces aisladas, no hay una voluntad real de paralizar el Parlamento. Es cierto que en el Senado, donde teníamos otra discusión, se propuso que se paralizara la actividad por esa razón, y admito que duramos toda una mañana discutiendo si debía proceder o no, y la votación quedó en empate en la Comisión Primera de la Cámara, 9 a 9, y el reglamento dice que en esas ocasiones se repite la votación y, si persiste el empate, se continúa el orden del día, es decir, no habría parálisis. En la segunda votación, los nueve senadores que querían suspender se retiraron, y se deshizo el quórum, así nunca se decidió no tramitar una votación de empate.
¿Cómo va la preparación del proyecto de reforma de la Justicia?
Muy bien, ya tenemos un acervo de proyectos interesantes y en dos semanas se ha convocado para presentar los borradores de las cinco comisiones que se han venido reuniendo y ver cómo seguimos adelante, porque la meta es presentarlos al Congreso el 20 de julio, cuando se inaugure la nueva legislatura.
¿Y cuál sería como la columna vertebral de esa reforma?
El más importante de esos proyectos es el desbloqueo del sistema penal acusatorio. Es decir, volver al espíritu original del sistema penal acusatorio que se aprobó en el 2004, fortaleciendo las capacidades de negociación de la Fiscalía y el Poder Judicial, porque estamos convencidos de que así se puede llegar a un esclarecimiento pleno de la verdad, a la aceptación de responsabilidad penal, la asignación de penas ciertas de condena en un plazo breve y desestructurar las bandas criminales; no quedarnos en la persona que se atrapó, sino que, por medio de ella, desarticular todas las estructuras.
En eso hay consenso: la Sala Penal de la Corte Suprema, la Fiscalía General y los penalistas que están en la Comisión de Reforma de la Justicia están de acuerdo en que es la vía adecuada y ya está el borrador para su discusión final en ella y presentarlo al Congreso. Eso va a significar una modificación importante para volver a hacer una justicia penal eficiente, eficaz, que llegue a la verdad, ponga sanciones y no sea una burla de impunidad, como la que tenemos hoy.
¿Está de acuerdo con el presidente Gustavo Petro en que “ha comenzado un golpe blando”?
Desde hace rato hay demasiadas manifestaciones, demasiadas evidencias, demasiadas coincidencias, como para descartar esa idea.
¿Qué balance hace de las jornadas de ‘Gobierno al barrio’ que se llevaron a cabo
la semana pasada en varias ciudades del país?
Es interesante, porque ya habíamos hecho este tipo de recorridos por zonas excluidas, pero no urbanas. Este encuentro con barrios populares en las grandes ciudades, en las que hay problemáticas distintas, de internet, de insuficiencia de servicios públicos, de contaminación de aguas, nos permiten ver de qué modo se afinan más nuestras políticas públicas para poderle dar mejores respuestas a esas demandas específicas. Además, ese encuentro con las bases populares, que fueron la base electoral principal del actual Gobierno, permite reafirmar los compromisos de trabajar por la lucha contra la desigualdad y por la inclusión y los derechos de todos, así que es una experiencia muy aleccionadora y provechosa.
¿De las competencia de la cartera que usted lidera, qué tareas han quedado en las distintas ciudades?
Tenemos unas tareas relacionadas con adecuación de algunos centros penitenciarios, con la política de drogas. Cuando hemos visitado las zonas excluidas rurales, la política de drogas tiene un especial protagonismo por el tránsito a la legalidad de los campesinos cultivadores de hoja de coca. Aquí, en los barrios de las grandes ciudades, la política de drogas tiene el matiz de prevenir el consumo y evitar los riesgos y daños para los consumidores problemáticos, así que en esos temas estamos apoyando, asuntos que son de salud pública y, por lo tanto, concurriendo con el Ministerio de Salud en esa materia y también muy atentos con la Policía a mirar cómo se resuelven los asuntos de microtráfico y de tráfico dentro de las ciudades, que tanto alteran la tranquilidad en ellas.
Y a raíz de su presencia en Cali, ¿hay algún anuncio para combatir la criminalidad en esta ciudad?
Con el Alcalde de Cali hemos hablado ya de la cofinanciación de varias cosas. Una es más casas de justicia, que él está interesado en que se instauren en esta ciudad. Ya hay tres, y él quiere llegar a más de cinco. Por supuesto, el Ministerio de Justicia acompañará esa decisión y financiará su parte, pero también el Alcalde ha manifestado su intención de construir una cárcel municipal y la Nación tiene la disposición de cofinanciar, en la medida de sus posibilidades, ese proyecto. También trabajamos con comunidades vulnerables en la prevención del consumo problemático de drogas, de estrategias de salud pública, así que ahí estamos, desde nuestra cartera, apoyando esos propósitos de cambio del Gobierno.