El presidente de la JEP, Roberto Vidal, se pronunció en rechazo sobre la propuesta del comisionado de paz, Otty Patiño, en la que sugirió el cierre de la Jurisdicción Especial para la Paz, solicitando que se respete respete la temporalidad del tribunal, establecida con aval constitucional en el Acuerdo Final de Paz y denunció incumplimientos del Estado.
“La Jurisdicción Especial para la Paz expresa su preocupación por las declaraciones del comisionado para la Paz, Otty Patiño, sobre un posible cierre de la jurisdicción, la JEP es un pilar de la institucionalidad de los acuerdos de paz firmado entre el Estado y las extintas Farc en 2016″, indicó Vidal en rueda de prensa.
El presidente reiteró las funciones de la JEP, que debe actuar como garante del cumplimiento de lo pactado entre las partes, en lo que respecta a su componente judicial. “Eso incluye garantizar que quienes se han sometido a esta Jurisdicción puedan terminar sus procesos judiciales y saldar sus deudas con la justicia y con las víctimas”, dijo.
Además, mencionó que cualquier cierre prematuro de la JEP le causaría un enorme perjuicio al país, pero sobre todo a aquellos comparecientes que pertenecieron a las extintas Farc y a los miembros de la Fuerza Pública, pues se podría ver comprometida la regularización de su situación judicial.
En su intervención, Vidal también expresó con preocupación por la falta de cumplimiento del Gobierno en materia de presupuesto con el componente restaurativo del Acuerdo de Paz, porque el presupuesto del Fondo Colombia en Paz habría sido reasignado.
“El año pasado convinimos que estarían destinados para la JEP 450.000 millones que estuvieron alocados en el Fondo Colombia en Paz, pero la noticia que tuvimos el último mes, que contravenían el desarrollo de este proceso, es que tales recursos fueron destinados dentro de la Unidad de Víctimas para otras funciones”, explicó.
Además, ante la posibilidad de que la Corte Penal Internacional, CPI, pueda tomar alguna decisión que apunte a cerrar la JEP antes de tiempo o que impida el desarrollo de sus funciones, el Presidente del tribunal respondió que “en 2021, el Fiscal de la CPI levantó las medidas cautelares de seguimiento al caso colombiano que se desarrollaron por 17 años y manifestó que la existencia de la jurisdicción era la que lo había convencido de que el Estado colombiano tiene la capacidad y voluntad de cumplir sus obligaciones internacionales de investigar, juzgar y sancionar los grandes crímenes del conflicto armado”.
También leyó el compromiso firmado entre el Estado de Colombia y la CPI: “El Gobierno en particular se comprometió respecto de la JEP a salvaguardar su marco constitucional y legislativo establecido y su estructura, a asignar el presupuesto necesario para su implementación y prevenir culquier interferencia en sus funciones”.