Tras el incendio político que se generó en la Presidencia de la República por los audios de Armando Benedetti, revelados por la revista Semana, integrantes del Pacto Histórico están moviendo sus fichas en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representante y en el Consejo Nacional Electoral, CNE, para contener de alguna forma las investigaciones que se adelantan en contra de la campaña presidencial de Gustavo Petro en el 2022.
Lo anterior, porque luego del escándalo fueron varias las denuncias que se hicieron en contra del Mandatario colombiano, por lo que la competencia se ha distribuido entre la Comisión de Acusación y el CNE.
Así, según Semana, la ‘jugadita’ que estaría realizando el Pacto Histórico está relacionada con quitarle el expediente que tiene en su poder el magistrado del Partido Liberal, Benjamín Ortiz, quien adelanta las investigaciones contra la campaña, ya que desde hace unos meses llegaron de manera anónima algunas denuncias de esta índole al organismo electoral.
Desde el pasado 3 de mayo llegó a la Comisión de Acusación una denuncia contra Petro por supuesta violación de topes electorales, por lo que el asunto debía trasladarse al CNE. No obstante, el caso había quedado en el olvido, hasta que estallaron los escandalosos audios entre Laura Sarabia y Armando Benedetti, en lo que se hablaba directamente de la campaña que llevó al Pacto Histórico a la Casa de Nariño.
Algunas fuentes le confirmaron a Semana que varios miembros del partido de Gobierno estaban analizando estrategias jurídicas que podrían implementar para tener manejo de las investigaciones contra el Presidente en las dos instancias. Y la que le funcionó primero fue la denuncia que llegó a la Comisión de Acusación de la Cámara y que estuvo dormida durante casi un mes.
Cabe mencionar que el reglamento lo que indica es que dicha denuncia debía llegar al despacho del magistrado Ortiz, pero que nunca llegó porque la presidenta del CNE, Fabiola Márquez, quien hace parte del Pacto Histórico, prefirió darle dicho documento a Cristian Ricardo Quiroz Romero (Alianza Verde), quien es cercano al petrismo.
“Se remite por competencia la denuncia por infracción de la Constitución y leyes de la República contra el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, radicada a través de correo electrónico en la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, con número interno 1623; 1710-1820 de mayo de 2022″, dice un fragmento de la carta que llegó de la Comisión de Acusación.
De acuerdo con Semana, este asunto no tendría importancia, pero daría cuenta de los intereses de la presidenta del CNE por retrasar los procesos que debería adelantar Benjamín Ortiz, quien fue recientemente el encargado de llamar a Laura Sarabia y a Armando Benedetti a rendir testimonio en la investigación por las presuntas acusaciones que se revelaron en los audios.
En este caso, Fabiola Márquez logró que la Sala Plena se encargue de discutir quién quedará a cargo de dicha denuncia, pues algunos magistrados esperaban que se incorporara al despacho de Ortiz, ya que es él quien desde el principio estaba tratando el asunto.
Ante esta situación, dicha reunión se llevará a cabo este miércoles, 7 de junio, para conocerse la decisión de quien tomara esta denuncia.
Además, Semana conoció que supuestamente las intenciones de la presidenta del CNE, tendrían el ‘espaldarazo’ de Cristian Ricardo Quiroz Romero, Alfonso Campo Martínez, Álvaro Hernán Prada y Alba Lucía Velásquez Hernández, en el propósito de quitarle el proceso a Ortiz con la excusa de conformar una comisión de mínimo tres personas para estudiar las mencionadas denuncias.
Por su parte, Alba Lucía Velásquez, magistrada del Polo Democrático, fue la que lideró dicha propuesta que está teniendo calado en los demás magistrados. Aunque Campo, del Partido Conservador y Prada, del Centro Democrático, sean de partidos de oposición, en este momento están más cerca del petrismo que de los partidos que los postularon.
Prada indicó que esa información no es correcta, que no está cerca del oficialismo y que sus posturas solo obedecen a la institucionalidad y que como magistrado debe respetarla y no tener ninguna identidad partidista.
Así las cosas, el Pacto Histórico lo que busca es desatar una pelea legal con el CNE, para que, de esta forma, las investigaciones contra el presidente Petro puedan tener otro control. Además, se está generando una división en el Consejo Nacional Electoral y se crea malestar porque da a pensar que desde el Congreso estos legisladores están intentando manipular los magistrados que tienen cercanía con el Mandatario.
Fabiola Márquez también llamó la atención porque a última hora consideró que es un tema de connotación nacional y no quiere que se piense que desea hacer mal uso del reparto de los procesos y un posible uso indebido del reglamento para, supuestamente, intentar salvar al presidente Petro.