La Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Margarita Cabello, emitió un llamado al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para que en la actual discusión de la Reforma Tributaria no se elimine la destinación específica del impuesto al carbono.

Actualmente, los recursos de impuesto al Carbono, según el artículo
223 de la Ley 1819 de 2016, deben ser invertidos en el fortalecimiento ambiental del país, la erosión costera, la lucha contra el cambio climático, la reducción de los gases de efecto invernadero, la conservación de fuentes hídricas, la protección de ecosistemas y los lineamientos que para tal fin establezca el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, recuerda la Procuraduría.

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Pero la Reforma Tributaria, aprobada en primer debate por las comisiones económicas del Congreso de la República, propone hacer un cambio en la destinación de esos recursos y establece ahora que esos recursos podrían ser más eficiente por medio del presupuesto general.

Al respecto, Ministerio Público dice que, de ser así, esos recursos se podrían “dispersar”.

“No brinda claridad en torno a los siguientes aspectos (i) Quién sería el encargado de la administración de los recursos del impuesto al carbono; (ii) Cómo se deberían ejecutar estos ingresos; y (iii) Cuáles son los proyectos y/o políticas que se financiarían con el recaudo al impuesto al carbono”, dice el ente de control.

En cambio, dice que esos recursos son “fundamentales para abordar los retos de la transición energética, el cumplimiento de los compromisos del país en torno a la crisis climática, y la contención del flagelo de la deforestación”.

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En lugar que el dinero recogido en el impuesto a carbón vaya a la caja general de la nacional, como lo propone el gobierno actual, la procuraduría propone que “corrijan las deficiencias en la inversión del impuesto, establecer procedimientos claros y transparentes de inversión, así como fortalecer la capacidad y articulación institucional para estos fines”.