La Contraloría General de la República expresó varios reparos sobre el Proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’, presentado por el Gobierno de Gustavo Petro.

Inicialmente, el ente de control expresó que, a diferencia de planes de desarrollo anteriores, este PND presentado no está formulado por sectores, sino por temas transversales orientados a cumplir el objetivo de hacer la transición hacia la paz total.

Aseguran que es mucho más complejo de entender, ya que este PND está construido sobre cinco ejes de transformación, complementados con tres ejes transversales, y finalmente dentro de cada eje de transformación contiene un conjunto de “catalizadores” para estimular el logro de las metas propuestas en cada uno de los ejes fundamentales.

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El ente de control asegura que el plan le resta importancia al sector minero dentro de la estrategia de transformación productiva y sobresaliendo los sectores agrícolas, manufacturero y de servicios; mientras por demanda agregada, se enfatiza en la inversión sobre el consumo interno, llevándola al 24,6 % del PIB en 2026 centrándose en los sectores de vivienda e infraestructura.

Igualmente, otra de las advertencias que hace la Contraloría se debe a que los procesos de transformación estructural no se realizan en periodos cortos de cuatro años, como está pensado el Plan Nacional de Desarrollo, sino que implican políticas sostenidas de industrialización y apoyo a otros sectores estratégicos que requieren una o más décadas para lograr resultados consolidados.

El ente de control hizo énfasis a que las perspectivas de crecimiento de los próximos años traen retos como la transición energética y la estrategia de transformación productiva, que implican cambios estructurales en la economía a mediano y largo plazo, para dejar de depender de la industria petrolera. No obstante, expresan que “el PND está más orientado a conformar la institucionalidad que constituirá la base para lograr la transformación productiva y la reindustrialización en el tiempo”.

En lo que respecta a la estrategia de transformación productiva y de reindustrialización, aseguran que “la meta del PND es elevar la inversión en I+D del 0,24 % del PIB en 2020 al 0,5 % del PIB en 2026 es importante, pero luce insuficiente para apoyar un proceso de transformación y reindustrialización”.

Otra de las preocupaciones expresadas desde la entidad se debe a cómo las políticas fiscales y monetarias de otros países, sumado a la volatilidad de los flujos de capitales internacionales afectan las finanzas públicas, pues aseguran que en el documento presentado por el Gobierno “es necesario buscar alternativas para protegerlas de estos choques externos, pero no propone alternativa o política a desarrollar en este sentido para los próximos años”.

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Además, la Contraloría advierte de un riesgo de aumento de la deuda neta del sector público que estaría relacionado con la tasa de interés real.

“La trayectoria de la deuda del PND y el Plan Financiero 2023 (PF23) supone una tasa de interés del 2,0 % anual. No obstante, esta puede elevarse hacia niveles del 3,0 % o 4,0 %, tendiendo a su promedio histórico (5,0 %). En estos casos la deuda para 2026 fluctuaría entre el 58,1 % y el 60,6 % del PIB, casi 4,0 puntos porcentuales del PIB por encima de la proyección del PND y el PF23”, expresan.

Finalmente, desde el ente de control aseguran que “al interior hay muchos temas que es importante que los departamentos y municipios aclaren en las discusiones que se están dando en este proyecto de Ley tan importante para el país, como es ahondar en el tema de autonomía de los territorios y procesos de descentralización”.