En una reunión liderada por el exvicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, el partido Cambio Radical tomó la decisión de apartarse de apoyar la reforma tributaria que presentó el gobierno de Gustavo Petro y que está ya en proceso de discusión en el Congreso.

En total, el partido que está en independencia hoy frente a Petro, expuso 18 razones por las que votará no a la reforma, comenzando porque la misma genera un incremento del 10% o más en los precios de muchos de los productos básicos de la canasta familiar que consumen las personas de más bajos ingresos, tales como las gaseosas, los cereales, las sopas, el chocolate de mesa, los zumos, los chorizos, las morcillas, las salchichas, los roscones, los ponqués, los bizcochos, los dulces, entre otros.

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Para Cambio Radical igualmente la reforma grava con un “10% las bolsas y empaques de plástico de un solo uso, en los que se envasan los alimentos (arroz, frijol, lenteja, sal, azúcar, etc.), afectando la capacidad adquisitiva de las personas de más bajos ingresos”, también que “grava con un impuesto del 20% la mayoría de las importaciones que realiza el país (alimentos, abonos, prendas de vestir, maquinaria, etc.) afectando a
todos los consumidores, y especialmente a las personas de más bajos ingresos que sentirán un incremento en el precio de los bienes de primera necesidad que consumen”.

Otras razones que se exponen son que la reforma pone en riesgo la estabilidad de más de 500.000 familias cafeteras del país al eliminarles la deducción del 40% de costos de mano de obra; deroga los incentivos otorgados para el desarrollo del campo colombiano; la reforma elimina las exenciones para los proyectos de vivienda de interés social (VIS y VIP) que hicieron posible el desarrollo de cientos de proyectos de vivienda para las personas de más bajos ingresos de Colombia; grava las pensiones mensuales de más de 9 millones de pesos, obligando al pensionado a destinar entre una y tres mesadas al año para el pago del impuesto sobre la renta.

Cambio Radical sostiene además que el proyecto elimina los incentivos al ahorro voluntario en fondos de pensiones y en cuentas AFC; eleva el impuesto de renta de los asalariados de ingreso mensual de más de $10 millones hasta en un 67%, con un efecto nocivo sobre el consumo, el ahorro y la inversión, que termina afectando indirectamente a las personas de más bajos ingresos; castiga los pagos en especie que realizan las empresas en favor de sus trabajadores, por conceptos tales como salud y educación, estableciendo que no serán deducibles para las empresas.

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Estiman además que grava con un impuesto de hasta un 39% la utilidad en la venta de la casa o apartamento del contribuyente, que exceda de $114 millones, impidiendo su reposición; la reforma grava con un impuesto de hasta un 39% las herencias de valor superior a $123 millones; eleva el costo de los combustibles para los departamentos de frontera, afectando el costo de vida de quienes viven en tales departamentos; eleva el impuesto a los dividendos, que actualmente es del 10%, hasta alcanzar una tasa del 39%, y establece un impuesto al patrimonio de las personas naturales, con un efecto nocivo sobre el emprendimiento privado, el ahorro y la inversión.

Por último afirmaron que eleva la tasa de tributación de las empresas y sus socios hasta un nivel que fluctúa entre el 60% y el 104% de las utilidades, lo que frenará el crecimiento económico y causará desempleo y pobreza a lo largo y ancho del país; no plantea un plan de choque contra los $80 billones de evasión y contrabando, con metas específicas de reducción de estos fenómenos, que se conviertan en un compromiso ineludible del Ministerio de Hacienda; no indica en que se van a gastar o invertir los $25 billones que pretende recaudar de los contribuyentes y no plantea un control del gasto público ni una lucha frontal contra la corrupción.