La reducción del salario de los congresistas ha sido durante varias legislaturas una de las discusiones más álgidas en el Capitolio Nacional. Aunque estos debates no han tenido éxito, en los próximos meses se avecinan nuevos proyectos que buscan convertir en ley esta propuesta.

En ese sentido, en la última semana se radicó otro proyecto que no solo le mete la mano al bolsillo a los congresistas, sino que también contempla la modificación del salario del presidente Gustavo Petro, la vicepresidenta Francia Márquez y otros altos funcionarios.

El representante del partido Conservador José Alejandro Martínez radicó esta con el fin de modificar la Ley 4 de 1992 y reajustar el tope de remuneración de los miembros de la rama ejecutiva, la rama legislativa, la rama judicial y de los altos cargos del Estado, con el fin de buscar la justicia social y una austeridad más efectiva en el gasto público.

Esta iniciativa incluye un parágrafo al artículo 2 de la ley donde se establezca que “la asignación mensual total de los congresistas de la República será de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

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Así las cosas, se le restaría cerca de la tercera parte al salario de los congresistas que actualmente se encuentra en 35 millones de pesos. El artículo tercero señala que la modificación también afectaría los ingresos mensuales del Presidente de la República, la Vicepresidenta, los ministros y otros empleados públicos del Ejecutivo.

Además, el proyecto modificaría también el salario de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la Nación, el Defensor del Pueblo, el Auditor General de la República y el Registrador Nacional del Estado Civil, que “no podrán superar el tope previsto para la asignación mensual total de los congresistas de la República”.

Esto quiere decir que los funcionarios mencionados no podrían devengar más de 25 salarios mínimos. Además, implica una reducción importante para el caso del presidente de la República, quien recibe alrededor de 34,4 millones de pesos más los gastos de representación, es decir, unos 412 millones de pesos en el año.

En cuanto a la remuneración de la vicepresidenta, la ley señala que el salario es de cerca de 28,5 millones. “Lo anterior, teniendo en cuenta que disminuir los salarios de los altos funcionarios del Estado es una de las medidas con enfoque de justicia social que demandan los colombianos”, sustenta el proyecto.

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Sobre la brecha salarial que existe entre el sueldo de estos funcionarios y los ciudadanos de a pie, el documento señala que “también queda en evidencia que la remuneración que perciben los congresistas colombianos es muy alta en comparación con los demás colombianos clasificados en diferentes niveles de ingresos”.