Según se conoció, Irene Vélez, ministra de Minas y Energía, renunciaría a su cargo esta semana. Todo parece indicar que el mismo presidente Gustavo Petro le habría pedido hacerse a un lado luego de verse envuelta en escándalos por su hijo y esposo, ambos en situaciones distintas que tienen a la funcionaria en una difícil posición.
Vélez no pasa por su mejor momento en el gabinete presidencial, pues en una primera instancia fue fuertemente cuestionada tras descubrirse los contratos que su esposo, el neerlandés Sjoerd Van Grootheest, tenía con el Estado.
Posteriormente, y quizá la gota que podría rebosar el vaso, es el descubrimiento de la salida irregular del país que tuvo su hijo a inicios de este año, pues viajó a Europa sin los debidos permisos de los padres por ser menor de edad. Por este hecho, está siendo investigada tanto por la Fiscalía como por la Procuraduría por presuntamente incurrir en el delito de tráfico de influencias.
Los contratos de su esposo
Sjoerd van Grootheest, quien en la actualidad aparece como representante legal de la fundación Mississippi Dragonfly, habría obtenido seis acuerdos con dicha Institución, cuando Vélez trabajaba como profesora en este lugar. En uno de los documentos, la ahora ministra de Minas también figura como contratista.
De acuerdo con la publicación de Briceño, la ministra Irene Vélez, según su propio informe en el Sigep, trabajó como profesional de la Universidad del Valle entre el 3 de febrero de 2014 y el 25 de abril de 2022. Tiempo en el que la fundación Mississippi Dragonfly obtuvo, coincidentemente, millonarios acuerdos con la Universidad, especialmente en la Escuela de Ingenierías, área donde Vélez se desempeñaba.
Así entonces, según el abogado, en 2019 la Universidad del Valle firmó con Mississippi Dragonfly un acuerdo por $40.000.000 para la dirección y producción de videos para un proyecto “donde la propia Irene Vélez era directora”.
“Además, la propia Irene Vélez firmó el acta de evaluación de ejecución de ese contrato con la cual se le pagó los honorarios a Mississippi Dragonfly”, precisó Briceño en su cuenta de Twitter, donde adjuntó los supuestos contratos que involucran a la ministra y a su esposo de origen holandés.
De la misma manera, Briceño publicó otro de los acuerdos, por un valor de $15.400.000 en 2018, para preparar entrevistas, donde el correo de notificación del contratista corresponde al nombre del esposo de Irene Vélez.
“¿Intervino Irene Vélez en su momento para que Mississippi Dragonfly, fundación representada en la actualidad por su esposo dentro de la Universidad del Valle, para favorecer a esa organización con contratos? Coincidencias, únicamente coincidencias”, añadió el abogado, quien se ha caracterizado por estar en contra del gobierno de Gustavo Petro.
Cabe recordar que todo este escándalo se desató por el esposo de Vélez, el cineasta neerlandés Sjoerd van Grootheest, quien recibió en los últimos días un acuerdo con el Fondo Colombia en Paz, por un total de 128.770.000 pesos, que recibirá en pagos mensuales de $10.730.000.
Salida irregular de su hijo del país
Después de que la Procuraduría General anunciara que ha iniciado una investigación contra la ministra de Minas, Irene Vélez, debido a supuestas acciones para presionar en Migración Colombia y permitir que su hijo menor saliera del país sin cumplir los requisitos legales, la Fiscalía General informó que ha abierto una indagación preliminar contra la funcionaria. La Fiscalía busca determinar si Vélez cometió el delito de tráfico de influencias.
Según informó Juan Felipe García, presidente del Sindicato de Migración Colombia (Osemco), en enero pasado se estaba a punto de negar la salida del país al hijo menor de la ministra debido a la falta de autorización materna, ya que Vélez se encontraba con el presidente Gustavo Petro en Suiza. Esto es un requisito obligatorio para todos los ciudadanos colombianos que deseen realizar este trámite.
“En el mes de enero, el hijo de la ministra iba a salir del país, pero le faltaba un documento. Ella estaba en ese momento en Suiza con el señor presidente, iba a salir el hijo, pero faltaba la autorización por parte de ella. En ese momento, el funcionario hace su trámite pertinente, iba a negar la salida, se lleva a la supervisión de la persona encargada y, en ese momento, la persona queda con el menor”, contó García a la revista Semana.
En respuesta a estos acontecimientos, la Fiscalía decidió iniciar una investigación preliminar para determinar si la ministra Vélez efectivamente utilizó su posición para influir en la decisión de permitir la salida de su hijo sin cumplir los requisitos legales establecidos.
Es importante destacar que el tráfico de influencias es un delito que involucra el uso indebido del poder o posición en el Gobierno para obtener beneficios o privilegios. En caso de que se demuestre la responsabilidad de la ministra, podría enfrentar consecuencias legales.
En un desarrollo relacionado, el domingo pasado, el abogado Daniel Briceño afirmó que presentaría una denuncia contra la ministra Vélez por estos hechos.
“Ya denuncié ante la Fiscalía General de la Nación a la ministra de Minas, Irene Vélez, por su presunto tráfico de influencia ante Migración Colombia para que su hijo saliera del país sin los requisitos de ley. Esto no puede quedar impune, esperamos que haya un castigo ejemplar”, escribió el abogado.