“La renuncia del fiscal 10 delegado ante la Corte Suprema de Justicia plantea que el fiscal 12 tiene un término de 90 días para decidir, en los términos de la ley de procedimiento penal, que se llame a juicio o, en su defecto, solicitar la preclusión, por lo cual el proceso continúa su curso”.
Con estas palabras, el abogado especialista en Derecho Administrativo y Constitucional Juan Camilo Henao explica lo que viene en la investigación que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez, luego de que este martes Andrés Palencia, quien tenía a su cargo el caso, dimitiera del mismo.
“El fiscal 10 delegado ante la Corte Suprema de Justicia presentó hoy renuncia a su cargo argumentando razones personales, relacionadas con la salud de su familia”, confirmó, en efecto, un comunicado del ente acusador.
Además, señaló que, “ante la vacancia judicial presentada, y con el propósito de dar continuidad a la actividad investigativa relacionada con el proceso que se sigue contra el señor expresidente Álvaro Uribe, por fraude procesal y soborno a testigos, se ha asignado el caso al fiscal 12 delegado ante la Corte para lo pertinente”.
Así las cosas, sobre Víctor Andrés Salcedo Fuentes recaerá ahora la responsabilidad de continuar con el juicio, precisamente un día antes de que se vencieran los términos para radicar un escrito de acusación o solicitar nuevamente la preclusión, rechazada ya por dos juezas y el Tribunal de Bogotá.
Es por eso que lo anunciado por la Fiscalía General de la Nación causó sorpresa y reacciones airadas por parte de los otros implicados en el caso.
“Fiscal Barbosa, los términos judiciales no son personales, sino institucionales. No se puede seguir dilatando eternamente en el tiempo la decisión en el caso del expresidente Uribe, con la esperanza de su prescripción”, escribió en su cuenta de la red social X el senador Iván Cepeda.
Como se recordará, el hoy integrante del Pacto Histórico es víctima en el proceso, ya que, según se ha conocido a lo largo del juicio, el exmandatario presuntamente habría presionado a exparamilitares para que declararan en contra de Cepeda, “quien obtuvo algunos testimonios sobre supuestos vínculos del exjefe de Estado y el paramilitarismo en Antioquia”.
De su lado, el analista político Jhon Mario González sostiene que, tras la renuncia de Andrés Palencia, lo que posiblemente suceda es que el nuevo fiscal del caso también renuncie o simplemente pida la preclusión por tercera vez, “y los jueces estarán imposibilitados para solicitarle a la Fiscalía que acuse, aunque encuentren mérito dentro del proceso, porque el ente acusador tiene el monopolio de la acción penal en este caso”.
Agrega que “el expresidente Uribe debe estar feliz, porque, independientemente de que le precluyan la investigación o no, de fondo, a lo que han apostado es a la prescripción de los delitos, que ya están tal vez a meses de precluir. Así que la única instancia que podría hacer algo sería una investigación de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por prevaricato en contra del Fiscal General de la Nación, pero eso no va a ocurrir”.
En el mismo sentido, el exfiscal Elmer Montaña afirma que “si hablamos de maniobras dilatorias, la Fiscalía puede hacer lo que se le antoje. Inclusive, el fiscal, vencido el término o antes de que se venza el término de 90 días, puede pedir una nueva preclusión, porque la ley procesal penal colombiana no establece un límite para pedir preclusiones. Sería escandaloso y una afrenta a la administración de justicia, pero nada lo impediría”.
Es que según él, “lo que sí queda claro en este asunto es que todo parece indicar que la renuncia del fiscal hace parte de la estrategia de la Fiscalía General de la Nación de dilatar este caso hasta que lo deje prácticamente prescrito, como quedó claro desde que empezaron a pedir esas preclusiones sin ningún fundamento”.