La noche del 28 de julio de 2024, el remedo de institucionalidad venezolana sufrió un golpe decisivo. El fraude electoral perpetrado por el régimen no solo arrebató la voluntad de una mayoría popular, sino que también ensombreció las perspectivas de una anhelada transición democrática.
Desde el principio, las señales de manipulación eran evidentes: desde el control férreo de los medios de comunicación, modus operandi del chavismo, hasta la intimidación abierta de los votantes y la alteración directa de los resultados.
Según informes de la OEA y Human Rights Watch, se detectaron irregularidades en más del 40 % de los centros de votación. La oposición denunció que más de 1,5 millones de votos fueron manipulados y que, en muchas áreas rurales, los resultados electorales se inflaron artificialmente para favorecer al régimen.
En días pasados, observadores internacionales fueron proscritos de ingresar a Venezuela; otros, durante la jornada electoral, fueron expulsados de varios centros de votación y cientos de líderes opositores reportaron haber sido perseguidos y hostigados.
Ya es costumbre que el Gobierno del vecino país convierta el proceso electoral en una pantomima, una simulación grotesca destinada a justificar su dictadura, corrupción y clientelismo. Un contrato social basado en la confianza y la participación se convierte en una burla cruel cuando el voto del ciudadano (en su mayoría bajo el umbral de la pobreza monetaria) es manipulado por la fuerza o cooptado en la compra de su conciencia.
No importó que un estudio reciente de Datanálisis revelara que el 78 % de los venezolanos no confía en el Consejo Nacional Electoral y que el 65 % considere que el país necesita un cambio de Gobierno urgente, ante un futuro sombrío. Según el FMI, se proyecta que la inflación en Venezuela superará el 10.000 % en 2024 y el PIB continuará su descenso en espiral, con una contracción estimada del 8 %.
La escasez de alimentos y medicinas seguirá afectando a millones, y la infraestructura básica continuará deteriorándose sin las inversiones necesarias. Una economía en ruinas.
Según datos del Banco Mundial, alrededor del 30 % de los profesionales formados en Venezuela han buscado mejores horizontes, llevando consigo el conocimiento y la experiencia necesarios para la reconstrucción del país.
Las consecuencias de esta fuga masiva son devastadoras: la pérdida de capital humano debilita aún más las capacidades del país para salir de la crisis. La falta de médicos, ingenieros, científicos y otros profesionales cualificados pone en riesgo la recuperación económica y social de Venezuela.
¿Qué viene? Aunque en Venezuela la lealtad de las Fuerzas Armadas al régimen ha sido sostenida mediante el clientelismo y los beneficios personales, se prevé un desenlace que favorecería los intereses de la oposición. Como ocurrió en Egipto en 2011 y luego en Sudán en 2019, las Fuerzas Armadas han jugado un rol decisivo al responder a la presión internacional y al descontento popular interno.
El ‘Cartel de los Soles’, una red de narcotráfico supuestamente vinculada a altos mandos militares venezolanos añade una capa de complejidad y peligro al panorama. Como es sabido, este cartel, que controla rutas de narcotráfico hacia América del Norte y Europa, tiene profundas conexiones dentro de las Fuerzas Armadas.
Según informes de la DEA y otras agencias internacionales, la influencia del ‘Cartel de los Soles’ podría ser un factor decisivo en la estabilidad inmediata del régimen.
Se ha conocido cómo en los últimos dos años, y bajo el liderazgo del presidente estadounidense Joe Biden y el Gobierno de Noruega, la comunidad internacional ha intensificado sanciones específicas contra altos mandos militares y ofrecido incentivos para la deserción y el apoyo a un gobierno de transición.
Esto hace prever que en las próximas horas se agilice un escenario que haga que una insubordinación militar sea una realidad tangible.
Ante esta tragedia, la comunidad internacional, especialmente el vecindario, debe actuar con contundencia: no puede permanecer indiferente y tiene la responsabilidad de rechazar la validación de los métodos despóticos del régimen venezolano.