El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, respaldó este martes, 22 de octubre, el proyecto de ley que reforma el Sistema General de Participaciones, que está a dos debates de ser aprobado en el Senado de la República.
El proyecto, planteado por el senador Ariel Ávila, busca garantizar autonomía de las regiones y descentralizar los recursos. Sin embargo, desde diferentes sectores han advertido que estas modificaciones podrían tener serias consecuencias para la regla fiscal de Colombia.
“Celebro que se haya abierto este debate en Colombia, es tal vez el debate más importante que debe dar la sociedad colombiana. Si seguimos con un centralismo que asfixia las posibilidades de desarrollo de las regiones o si se distribuyen los recursos con los departamentos y municipios”, dijo el funcionario aunque reconoció que es un debate a largo plazo.
Sobre el ambiente para la aprobación de este debate, el Ministro del Interior aseguró que “hay un espíritu muy mayoritario en la plenaria del Senado de la República de aprobar el proyecto y avanzar en la discusión de los dos debates finales”.
Finalmente, Cristo mencionó que, ante la plenaria del Senado de la República, propuso que la autonomía de las regiones sea uno de los puntos del llamado acuerdo nacional, a la vez que sugirió revisar cuál ha sido el efecto del centralismo en la vida de la población de las regiones de Colombia.
Ávila, ponente del proyecto, ha explicado que la reforma busca distribuir de manera equitativa los recursos de los territorios olvidados de Colombia. Sin embargo, distintas voces han advertido que estas transferencias absorberían el presupuesto.
La senadora Angélica Lozano, por ejemplo, aseguró que apoya la descentralización, pero “sin quebrar el Estado Nacional”. En su intervención en la plenaria de este 22 de octubre, la congresista argumentó por qué el proyecto, como está planteado hasta ahora, podría colocar en riesgo la sostenibilidad en Colombia.
El centro de estudios Fedesarrollo publicó en un informe que el proyecto busca aumentar la proporción de las transferencias a departamentos y municipios, pasando de 23,8% actual al 46,5% de los ingresos corrientes de la Nación en un período de diez años. Esto haría que en 2036 las transferencias del SGP representen 8,4% del PIB, un incremento del 65%.
Las advertencias de Fedesarrollo se suman a las del mismo Ministerio de Hacienda, que negó el aval fiscal al proyecto, y al Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf, que aseguró que golpearía la presión fiscal.