Un llamado al Congreso para que apure la discusión de las leyes de sometimiento a la justicia de organizaciones criminales, como también al proyecto de humanización carcelaria o de reformas a la penas de los llamados medianos delitos, formuló el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.
Al intervenir ante la Comisión Primera del Senado, Velasco anunció que el Gobierno descartó enviar mensaje de urgencia para las normas de sometimiento y, en tal sentido, aseguró que esperan dar una discusión amplia a ese proyecto, del cual ya se tiene lista la ponencia, pero ha suscitado varias críticas.
Indicó al respecto que “el proyecto de sometimiento es muy importante por el mensaje que queremos enviar y es que el Gobierno y el Congreso han construido una propuesta para que estas Bacrim sepan a qué atenerse”.
De la misma forma, el Ministro consideró que ya es el momento de que esa ley se discuta en el Congreso: ”No nos parece conveniente que se siga hablando de acercamientos, de abogados. No, esto es lo que el Gobierno ofrece y la sola presentación del proyecto y el inicio del debate es un buen mensaje. Hay que sacar de las especulaciones y de espacios ajenos al Congreso este tema y que lo resuelvan ustedes y que nos digan si el proyecto les gusta o no”.
“El Gobierno considera que, por lo pronto, para no generar un trancón legislativo, preferimos tenerlo sin mensaje de urgencia”, indicó el funcionario.
De igual forma, Velasco le hizo un llamado a la Comisión Primera del Senado para que desde el lunes se puedan votar actos legislativos, entre ellos el de cannabis y la jurisdicción agraria.
“Solicitarles que hagamos un esfuerzo en la autonomía de la Comisión Primera para que podamos desde el lunes votar unos actos legislativos que si no tomamos una decisión se nos van a hundir por trámite, que son cannabis y jurisdicción agraria”, anotó.
Ese proyecto plantea penas de hasta 10 años para los miembros de organizaciones criminales, que no habrá estatus político para los integrantes de esos grupos y que los cabecillas podrán quedarse hasta con el 6 % de los bienes ilegales, siempre y cuando el monto de los mismos no supere los 11.000 millones de pesos.
Con respecto a la ley de humanización carcelaria, la cual tiene mensaje de urgencia, es decir para ser discutida de forma conjunta entre las Comisiones Primeras, cuestionó que, aunque en el Senado ya se ha incluido en el orden del día, en la comisión de la Cámara, el presidente Juan Carlos Wills, no ha querido hacerlo.
Beneficios a bandas criminales
Según lo explicado en varias oportunidades por el Ministro de Justicia, este proyecto es vital para la Paz Total del Gobierno, ya que sería el complemento de la Ley de Orden Público para desestructurar los factores organizados en el país, pues está dirigida solo para las bandas criminales que tienen una jerarquía, pero que estatus político.
El jefe de esa cartera aseguró que este es un articulado que le ofrece el Ejecutivo a las bandas criminales para que se acojan a la justicia y restauren a las víctimas, con la finalidad de obtener varios beneficios.
¿A quiénes va dirigido la ley de sometimiento?
El documento señala que este proyecto va dirigido a “grupos que se enmarquen en patrones criminales que incluyan el sometimiento violento de la población civil de los territorios rurales y urbanos en los que operen, pero que no tengan ningún carácter político”. Igualmente, asegura que la red sea plural y tenga una estructura jerárquica.
Aquí estarían el Clan del Golfo, la Sierra Nevada, Oficinas. En el limbo quedó la Segunda Marquetalia, pues el ministro Osuna aseguró que el Presidente decidirá si también les beneficia este nuevo proyecto.
¿A qué se comprometen?
Al acogerse a la propuesta del Gobierno, estas bandas criminales deberán entregar información sobre su organización, desmantelar la misma, reparar a las víctimas, aportar a la verdad y entregar bienes, los cuales entraran directamente a extinción de dominio.
¿Cómo funciona?
Según el documento, esta ley está conformada por tres fases para su funcionamiento:
-La primera fase iniciará con el presidente Gustavo Petro, quien, a través del comisionado para la Paz, Danilo Rueda, hará los preacuerdos con las bandas criminales que deseen acogerse a los beneficios.
Acto seguido empieza una fase de investigación, procesamiento e imputación de los crímenes cometidos. En este punto, el Ministro aseguró que existirán dos candados para evitar ‘colados’: el primero, conformado por el Comisionado, inteligencia policial, inteligencia militar, Dirección Nacional de Inteligencia. Estos tendrán un plazo de tres meses para contrastar la información entregada y los integrantes. También tendrán la facultad de excluir personas que consideren no hacen parte de la banda.
-El segundo está conformado por la Fiscalía General, cuya función será verificar que hacen parte de la organización que aseguran, entregando bienes, modus operandi y evitando ‘colados’ en el proceso.
-Finalmente, en el tercer paso serán los jueces que imputen los delitos señalados a cada uno de los integrantes de estas bandas criminales, para cumplir sus condenas en centros carcelarios.
*Con información de Colprensa