El fiscal general Francisco Barbosa lanzó un duro mensaje en contra del alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, quien puso en tela de juicio el presunto plan del ELN para asesinar al jefe del ente judicial. Varias fuentes judiciales alertaron sobre un plan de este grupo guerrillero para atacar a Barbosa con un francotirador.

En entrevista con RTVC, el comisionado de Paz aseguró que cualquier amenaza contra un ciudadano será rechazada por el Gobierno nacional. Sin embargo, no dio credibilidad a las versiones de inteligencia que apuntan a que el ELN orquestó un plan en contra del fiscal.

“Sobre la circunstancia y elementos de juicio que tenemos en este momento respecto de la atribución del ELN, creo que podemos estar incursos en un proceso de saboteo que empieza por sectores que tradicionalmente han estado en contra de la paz y a favor de la guerra”, dijo Rueda en sus polémicas declaraciones.

El fiscal Barbosa criticó con dureza las declaraciones del delegado del Gobierno. | Foto: Sebastian Barros/NurPhoto

Barbosa, por su parte, advirtió que este tipo de afirmaciones del Gobierno agudiza el riesgo para su vida. “Las expresiones de Rueda son miserables porque desconocen la institucionalidad y validan irresponsablemente lo expresado por el ELN. Por venir del alto comisionado para la Paz, son expresiones que aumentan el riesgo para mi vida y la de mi familia”, dijo el fiscal en diálogo con SEMANA.

Incluso fue más allá y responsabilizó al presidente Gustavo Petro y su gobierno por las afirmaciones de su delegado. “No puedo ser enemigo de la paz porque he suspendido 19 órdenes de captura contra integrantes del ELN y más de 70 órdenes de captura contra integrantes de todas las organizaciones criminales”, añadió el líder del ente acusador.

Respecto a las fuentes de inteligencia que alertaron sobre el plan para acabar con su vida, el fiscal aclaró que “las fuentes de información fueron oficiales, incluso, una del Ejército Nacional. Si es así, el Ejército Nacional es el que está saboteando entonces el proceso de paz con el ELN, y no el fiscal general”.

Cabe recordar que, según interceptaciones y altas fuentes del Ministerio de Defensa, el grupo guerrillero también tendría la intención de atentar en contra de la vida del general (r) Eduardo Zapateiro, excomandante del Ejército, y la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático.

“Si eso es cierto, estarían poniendo ese proceso de paz por encima de la vida de los colombianos”, dijo Barbosa, pues, según conoció SEMANA, la información de este ataque se conocía desde hace dos meses y no fue revelada antes para no torpedear el proceso de paz que el Gobierno adelanta con el ELN.

A pesar de que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, rechazó el plan en contra del fiscal y se solidarizó con el líder del ente judicial, hasta ahora el presidente Gustavo Petro se ha mantenido al margen. “Petro no me ha llamado. Eso no es normal. Lo lamento. Uno esperaría que existiera solidaridad entre las instituciones que componen el Estado de derecho”, dijo el fiscal Barbosa sobre el inesperado silencio del mandatario.

En sus controversiales declaraciones, el comisionado de Paz también afirmó que este tipo de situaciones estancan los avances de los diálogos con la guerrilla. “Que un grupo armado como el ELN manifieste que no tiene responsabilidad en este tipo de supuestos planes es totalmente creíble, porque lo que hemos observado en este proceso es que hay una responsabilidad permanente con relación a los hechos que se les han atribuido y los aceptan”, aseguró.

El ELN negó tanto el plan de asesinar al Fiscal como los posibles ataques en contra de Zapateiro y Cabal.

El presunto plan en contra de la cabeza del ente judicial mantiene en alerta a las autoridades, pues, incluso, se conoció que el grupo guerrillero estaría entrenando a varios hombres en manejo de drones y el ataque en contra del fiscal Barbosa se ejecutaría con un francotirador.

Las primeras indagaciones de las autoridades dan cuenta de que alias El Rolo, cabecilla del frente urbano de esta guerrilla, ha realizado transacciones superiores a los tres mil millones de pesos, movimientos de dinero similares a los que se detectaron tras el atentado terrorista contra la Escuela de Cadetes General Santander, explosión que dejó 22 cadetes muertos en enero de 2019.