En boca del Presidente hay una especie de superávit de iniciativas, pero un déficit de realizaciones o de concreción específica de cómo va a actuar el Estado frente a distintos temas, y eso va generando un reclamo de la opinión pública en el sentido de que es momento ya de actuar y de definir las prioridades”.

Así analiza los ocho meses de gestión de la Administración de Gustavo Petro el senador independiente Humberto de la Calle, quien insiste en que el Ejecutivo debe establecer sus prioridades legislativas, “más allá de estar formulando todos los días propuestas por la vía del Twitter”.

Él, exjefe negociador de Paz del Gobierno, se siente frustrado por los comentarios que el Mandatario ha hecho sobre los Acuerdos: “Me pareció desacertado y fastidioso que el Presidente haya dicho que a La Habana fuimos a engañar a las Farc”.

El presidente Petro reconoció que ya no tiene las mayorías en el Legislativo. En su opinión, ¿qué implicaciones tiene esa situación?

Me parece que, en efecto, la coalición de hoy es muy distinta a la de hace seis meses, y la capacidad del presidente Petro no es la misma, pero tampoco pienso que se va a romper de manera formal. Creo que las votaciones van a ir cambiando en función de los temas. Por ejemplo, en la reforma a la salud, aún no se ha logrado un acuerdo e incluso en el Partido Verde hay voces disidentes, luego podría salir adelante o naufragar, pero no como producto de una ruptura total de la coalición. En otros proyectos, el Gobierno puede lograr sacar adelante sus ideas, como en pensiones, con algunos ajustes en el tope de los salarios mínimos delante.

Porque la aplanadora del Gobierno se frenó: la ponencia de la reforma a la salud se radicó hace quince y aún no comienza a ser debatida…

Usted describe muy bien lo que pasa. Incluso, se podrían presentar otros proyectos de carácter estatutario en la Comisión Primera del Senado y se rumorea que el Partido Liberal estaría pensando en ese camino. Es evidente que la fortaleza inicial del Gobierno se ha debilitado, pero insisto en que no se ha formalizado una ruptura que implique cambios en el gabinete y creo que eso seguirá así hasta las elecciones de octubre. Después, en función de los resultados, sí podría haber cambios más significativos en la coalición de Gobierno.

¿Pero entonces no habrá reforma a la salud hasta después de octubre?

Creo que todavía depende de ese 1 % que se dijo que estaba pendiente, pero que termina siendo realmente el 99 %, porque sigue en juego el punto clave, que es si hay un proceso de estatización de la salud o si se permiten las EPS con las funciones que han desempeñado, porque el texto de la ponencia las preserva, pero con funciones mucho más débiles.

Mi sensación es que esto no se ha podido pactar en las reuniones con los partidos ni en la búsqueda de consensos uno a uno con los congresistas. El Ministro del Interior dijo que él manejaba las relaciones con el Congreso y que estaba dispuesto a buscar alternativas en cada artículo por la vía de la discusión allí. Eso es democrático, pero sorprende que pone a un lado a la ministra Corcho. Pero, al hacerlo así sobre una estructura que tiene una orientación, se pueden ir desvirtuando las ideas de uno y otro y terminar en un peligroso ornitorrinco, una amalgama artificial, en el ánimo de conciliar.

Hay la sensación de que el Presidente está un poco enredado: no ha logrado impulsar las reformas sociales que prometió y la Paz Total no avanza. ¿Cómo el Gobierno tras más de ocho meses de gestión?

Sectores de la opinión pública, incluso por fuera de la pugna partidista, empiezan a mirar cuáles son los resultados o por lo menos la concreción de la multiplicidad de propuestas que surgen a diario.

En boca del Presidente hay una especie de superávit de iniciativas, pero un déficit de realizaciones o de concreción específica de cómo va a actuar el Estado frente a distintos temas, y eso va generando un reclamo de la opinión pública en el sentido de que es momento ya de actuar y de definir las prioridades.

Y eso es importante porque en el Congreso hay una multiplicidad de proyectos, pero aquellos en que tiene interés el Gobierno suman alrededor de 30 y para una legislatura como esta, que es más corta, lo que falta prácticamente son solo dos meses. El Gobierno debería priorizar y esclarecer cuáles son aquellos temas donde existe mayor concreción, más allá de estar formulando todos los días propuestas por la vía del Twitter.

El Fiscal y la Procuradora han hecho varias observaciones al proyecto de ley de sometimiento, ¿qué opina de esa iniciativa del Gobierno?

Es un esfuerzo realista y de alguna manera imprescindible, del actual Gobierno, buscar caminos adicionales a lo que ha logrado este país en materia de paz, para continuar en un proceso de pacificación con esas bandas criminales horrendas, que cometen toda clase de delitos y que perturban la conciencia de los colombianos. Y, desde el punto de vista de su eficacia y su presencia territorial, hay que buscar algún tratamiento, porque el simple enfrentamiento militar hasta ahora no ha dado resultados: se ha visto que recientemente el llamado Clan del Golfo en dos ocasiones prácticamente ha paralizado la Costa Caribe amenazando con paros armados. Luego, me parece legítimo que el Gobierno busque caminos nuevos, pero a esa ley, que está dirigida a esas bandas criminales, porque no estamos hablando del ELN, que tiene un camino distinto, sí hay que hacerle ajustes al proyecto ya presentado.

Nosotros hemos expresado algunas manifestaciones que deben ser corregidas: la aplicación del principio de oportunidad para los miembros rasos de esas organizaciones es demasiado extenso: se incluyen delitos como violencia sexual y una serie de conductas que no tienen nada qué ver con esta confrontación militar. En ese sentido, creo que el Fiscal ha cooperado con hacer ver cuáles serían esas fallas y estamos a la espera, en la Comisión Primera del Senado, de iniciar ya el debate definitivo.

El expresidente Andrés Pastrana dijo esta semana en Cali que con este proyecto se quiere favorecer al narcotráfico...

Me parece que este tipo de expresiones descalificadoras no ayudan. Es una situación muy compleja: Colombia padece un cáncer que se deriva del narcotráfico y la minería ilegal, y el Gobierno tiene derecho a buscar caminos en un marco realista, preservando las líneas rojas que nadie estaría dispuesto a sacrificar.

Ante la casi parálisis del Congreso, ¿no cree que al presidente Petro le hace falta un escudero más fuerte, que logre desempantanar sus proyectos en el Legislativo?

A veces sí nota uno una cierta desconexión en el propio gabinete. No hay coherencia ni unificación. El Ministro del Interior, que además es vocero de la Casa de Nariño, hace todos los esfuerzos, pero esa dispersión debería ser corregida. Algunos opinadores nos han dicho que eso es normal porque se trata de un gobierno de coalición y hay voces discordantes, y que esas coaliciones nunca habían tenido lugar en Colombia, pero a mí sí me parece que es una apreciación equivocada: gobiernos de coalición ha tenido de Colombia desde hace mucho tiempo, después de la Guerra de los Mil Días, los hubo; en 1910, lo hubo; en el primer Gobierno de Olaya Herrera, lo hubo; después del 9 de abril, lo hubo en muy corta duración, y el Frente Nacional también se estructuró sobre la base de una coalición.

Una cosa es que haya distintas visiones en el Gobierno, eso es saludable, democrático, pero el Gobierno en su accionar sí tiene que establecer prioridades y una ruta crítica de cómo se relaciona con los otros poderes, luego comparto la tesis de que se observa cierto desorden en el propio gabinete ministerial.

Finalmente, ¿cómo ve la implementación del Acuerdo de Paz en este Gobierno y cómo recibe las explicaciones del Presidente ante los reclamos que se han hecho por eso?

No comparto las expresiones del Presidente, son equivocadas. Primero, afirmó que el Acuerdo había sido firmado a las carreras, sin ninguna planificación y que no se tuvo en cuenta el origen de los fondos para asumir el costo de la implementación y no es cierto: el Ministerio de Hacienda acompañó las negociaciones y en un documento Conpes se establecieron las fuentes de ingresos necesarias para la implementación. Incluso, $150 billones, dice el Presidente, es la cifra que él tiene, supongamos que es cierta, para aplicar en quince años: implica que cada año es una cifra inferior al 1 % del Producto Interno Bruto, luego, Colombia tiene capacidad de asumir ese reto. Ahí hay un problema más de priorizaciones: si se le va a dar prioridad al cumplimiento del Acuerdo o el Gobierno piensa que otros rubros son más urgentes.

Esta semana dijo que no hay plata para indemnizar a las víctimas del conflicto armado...

El Presidente está sumando peras con manzanas, porque habla del reconocimiento de los derechos de las víctimas y esa es una ley muy anterior a La Habana, que aprobó el Congreso en su sabiduría. Cuesta mucho, efectivamente. Colombia es un país que tomó la decisión de reparar a las víctimas antes de terminar el conflicto, pero usted no puede sumar ese dinero a lo que resulta del Acuerdo de La Habana.

Y lo que sí me pareció desacertado y fastidioso es que el Presidente haya dicho que a La Habana fuimos a engañar a las Farc. Es un verdadero contrasentido y una estigmatización a las Farc, porque las pinta como un grupo comandado por unos señores ingenuos que se dejaron engañar de los delegados del Gobierno. Allí se trabajó con absoluta seriedad y sí me siento un poco frustrado, porque después de semejante esfuerzo, que resultó exitoso: se desarman las Farc y se destruyen las armas, ahora se nos venga a decir que no hay plata y que lo que hicimos fue engañar a las Farc en La Habana. Creo que es una visión absolutamente desacertada.