“Muchos de los mandos medios pensaban que solo iba a pagar el Secretariado, solo ellos siete, y que el resto no iban a recibir ninguna sanción, y eso no está en el Acuerdo”, dice la magistrada Julieta Lemaitre, que tiene a su cargo el Macrocaso 01, que investiga los secuestros cometidos por las Farc, para intentar explicar el galimatías que para la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, significa en estos momento el cómo proceder con los excombatientes que “eran la cara de la guerrilla en las regiones”.
No solo porque las víctimas del caso de los diputados del Valle del Cauca, por ejemplo, han pedido que sean obligados a dar detalles de cómo fue el cautiverio de sus seres queridos, sino porque hay una discusión jurídica sobre qué se debe hacer con quienes estaban presos y salieron libres en virtud de lo acordado en La Habana.
De este y otros temas, la magistrada que lidera la Sala de Reconocimiento de Verdad en lo que se refiere a toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las Farc-EP, habló en entrevista con El País.
¿Qué balance hace del macrocaso 01, que investiga los secuestros cometidos por las Farc?
El caso empezó de arriba hacia abajo. Realmente el Secretariado de las Farc nunca negó que secuestraran, incluso antes de que iniciara la JEP. Entonces empezó con el reconocimiento de ellos y con la acreditación de las víctimas que quisieran participar en el proceso, ya van más de 4000. Y, con el reconocimiento que hicieron los sobrevivientes del último Secretariado, les imputamos en el 2021, o sea que nos demoramos tres años en recoger todo lo que había en justicia ordinaria, los informes de las víctimas y las que querían participar y el Secretariado reconoció, primero por escrito, y luego en una diligencia. Se remitió al tribunal y empezamos con las imputaciones regionales. Las Farc estaban divididas en siete bloques de frentes y desde el 93 cada bloque tenía una dirección regional. Entonces empezamos, uno a uno, a reconstruir con más detalles qué pasó en cada región. Hay diferencias tanto en la forma como se organizaron e impactaron las regiones.
Hemos caracterizado el Comando Conjunto Central, que era Tolima y el norte del Huila; el Bloque Occidental, que es esta zona, con Cauca; el de Medellín, que es el Bloque Noroccidental y cubre también el norte del Chocó, el sur de Córdoba, Caldas y Risaralda. Estamos preparando el del Magdalena Medio y el Caribe, pero ya terminamos todas las versiones del caso y las observaciones de víctimas, porque después de recibir los informes de la justicia ordinaria, la Fiscalía y las organizaciones de la sociedad civil llamamos a los exfarc, primero al secretariado y luego a los comandantes regionales, que hacen su versión, y luego, a las víctimas, para ver si tienen observaciones a las versiones. En el primer semestre del próximo año espero sacar las últimas dos, que son Oriental y Sur. Ya le deberíamos pasar el caso completo al Tribunal de Paz, para que les ponga su sanción a todos.
Además del caso de los diputados del Valle del Cauca, ¿qué otros secuestros del Bloque Occidental investigaron?
Tenemos 227 acreditados, que es gente que quiere participar en la JEP. Este no fue de los bloques que más secuestros hizo, porque tenía financiación a través de otras economías ilegales, sobre todo la cocaína. Nosotros empezamos por el Tolima, donde eran chiquiticos, pero vivían de secuestrar. Entonces el secuestro extorsivo lo hubo, pero no era su rubro principal. Obviamente el caso de los diputados fue muy sonado, tanto por lo atrevido de la operación como por el desenlace, porque los mataron, y por lo que significó para el Valle del Cauca, que casi se quedó sin Asamblea Departamental. Eso impactó mucho la región, pero también tenemos víctimas de otro tipo de secuestros.
Una de las dificultades es que, fuera del control del Frente Sexto, que estaba arriba de Cali, la zona tenía varios actores: las Farc convivían con bandas criminales y colaboraban con ellas; hubo una disidencia del M-19, estuvo el Jega de ‘Bochica’, todos compartían el territorio, además de los carteles de Cali y del Norte del Valle. Por ejemplo, en la carretera de Cali a Buenaventura, donde hubo muchos secuestros, las Farc no eran los únicos, también había bandas criminales.
Aquí las Farc tenían otra particularidad y es que había dos unidades móviles bastante grandes: el Bloque Arturo Ruiz y la columna Jacobo Arenas, que directamente la mandaba ‘Tirofijo’, y el Arturo Ruiz tenía cuatro columnas que ocupaban el mismo territorio y nos demoramos un ratico en entender eso, hasta que finalmente en diciembre imputamos a los que llamamos los máximos responsables regionales, que son el rostro de las Farc en la región, a quienes la gente reconoce y las víctimas esperan que vengan y pongan la cara.
Por el caso de los diputados secuestrados y asesinados, ¿a quiénes imputaron?
A tres: la persona que estaba en Cali y participó en la planeación y sobrevivió, que era Santiago Naya; al jefe de él, que era JJ, sí lo mataron; a Pacho Quinto, que los caminó desde Cali hasta el Cauca, le imputamos porque casi los mata: los mismos diputados le decían ‘la marcha de la muerte’ y los guerrilleros que los recibieron nos contaron que les llegaron fue unas personas en un estado terrible. También a ‘El Grillo’, que los tuvo en 31 campamentos distintos, moviéndolos y al final los mataron, pensando que venía un rescate.
En Cali habrá una audiencia de reconocimiento por parte de esos mandos medios de las Farc. ¿Cuándo será?
El 28 y 29 de noviembre. Lo que hacemos es que, si están todos los elementos del reconocimiento, los pasamos al tribunal, que verifica lo que hicimos y les pone una sanción, o nos pueden decir: ‘no, yo quiero un juicio’, y va a la Unidad de Investigación y Acusación. Y lo último entre nosotros es que eso que reconocieron por escrito, lo tienen que hacer en una diligencia y les decimos qué les quedó faltando para que lo hagan en ese evento público en el que participan las víctimas que estén interesadas en los mandos medios.
Algunas víctimas del caso de los diputados dicen que la JEP no ha logrado que las Farc digan toda la verdad sobre sus familiares...
Al inicio ellos nos dijeron ‘tenemos estas preguntas’, todas las hicimos, y creo que se respondieron. ¿Dónde tendríamos limitaciones? Es que ellos querían saber más de la vida cotidiana y eso llega hasta cierto punto y después la gente no se acuerda o no había quién les dijera o nunca es suficiente, porque he aprendido que la guardia se acuerda de la persona que estuvo secuestrada en términos de su trabajo: si se quiso fugar, si era obediente o si, al contrario, era revoltoso, y eso no es lo que quiere la familia, sino recuerdos que vengan del afecto.
Lo otro que quieren saber es qué pasó con las pertenencias y ellos dicen que las guardaron y que después se destruyeron, pero para la guerrilla eso no era importante. Yo entiendo la frustración de las familias, que han hecho lo humanamente posible por reconstruir la memoria de sus seres queridos, pero realmente los guardianes de la memoria de ellos son las familias.
Generalmente la justicia ordinaria lo que recoge son los elementos del crimen, y los teníamos el primer día: los secuestraron públicamente y los mataron. La duda que teníamos al inicio era que ellos, en el momento en que los mataron, dieron versiones falsas como Farc, pero después del Acuerdo de Paz empezaron a dar una misma versión consistente, que es la que la que se conoce, y después de muchos años de las familias insistir que dijeran la verdad, les costó trabajo aceptarla, pero finalmente la mayoría oyó que estaban aceptando. Hicimos cosas que normalmente la JEP no hace: trajimos a los ejecutores directos, a ver si ellos sí se acordaban, porque la familia era muy insistente en que quería recuerdos, pero se acordaban solo de algunos.
¿Por eso de los mandos medios es que el expresidente Juan Manuel Santos dice que la JEP tiene actitud maximalista?
Muchos de los mandos medios pensaban que solo iba a pagar el Secretariado, solo ellos siete, y que el resto no iba a recibir ninguna sanción y no es lo que está en el Acuerdo. El diseño del sistema implica que habría un grupo pequeño, pero son más de siete. La Directora Nacional de Reincorporación dijo que hay once mil excombatientes y estaremos imputando a cien: es una proporción muy pequeña, sobre todo en un delito como este, en el cual participó mucha gente de la guerrilla. Sí es más de los siete, pero sigue siendo el 1 %.
¿Qué hacer ante esa realidad?
Lo que ha dicho el presidente (de la JEP) Roberto Vidal es que es muy complicado decirle eso a las víctimas, y es un reto para la JEP porque también nos dieron un mandato y es que las víctimas son la centralidad. Entonces, así como los hijos de los diputados, que eran muy chiquitos, quieren saber cómo fue el secuestro y cómo lo vivió su papá, hay miles de personas que quieren saber qué dijo su mamá antes de que la mataran, dónde enterraron a su hermano asesinado o si alguien de su empresa lo vendió a los secuestradores.
Es decir, más que vayan a la cárcel, la gente quiere saber cosas, pero cómo se equilibra eso cuando la JEP tiene diez años para hacer sus investigaciones y ellos son miles de personas y nosotros, en la JEP, solo somos 1400 personas, pero incluyendo desde el presidente hasta el portero. Es una situación muy difícil y con mi equipo, que somos 20 funcionarios y 15 contratistas, le damos prioridad a las familias que están preguntando por los seres desaparecidos, son los VIP, y después los muertos.
En el Valle del Cauca, mucha gente se pregunta cuándo van a ver a Pablo Catatumbo comenzando a pagar su sanción...
Pablo Catatumbo reconoció su participación en secuestros en el 2022, y ya pasaron dos años y medio. Estamos a la espera de que el Tribunal le ponga la sanción y lo que han dicho allí es que los abogados han interpuesto seis recursos grandes y 220 observaciones ante Apelaciones, incluyendo que recusaron al magistrado del caso, porque fue juez militar y lo consideran su enemigo natural. Es difícil entender que los congresistas de Comunes digan que dónde están sus sentencias, pero que sean sus abogados los que están poniendo todos los recursos.
A propósito, los reparos que esta semana le hicieron los exfarc a los procesos de la JEP afectarán la audiencia de reconocimiento en Cali?
No. La audiencia de noviembre es con comandantes regionales de estructuras del Bloque Occidental, no con los miembros del último Secretariado, que ya están compareciendo ante la Sección con Reconocimiento del Tribunal de Paz.
¿Y cómo preparar a los colombianos para ver que no pagan cárcel?
Es la primera vez que tenemos este tipo de sanciones de una manera tan pública. Realmente hay leyes que permiten esto: desde el año pasado a las mujeres que son madre cabeza de familia les permiten cumplir su pena con trabajos comunitarios, pero la gente no ha dimensionado eso, y va a ser muy visible.
Tampoco había era una preparación del Estado para eso: si uno manda a alguien a la cárcel, lo remite al Inpec y todo el mundo sabe cómo funciona, pero acá es imaginarse un país donde nunca hubieran visto una cárcel: el juez va a poner una pena, ¿pero adónde manda al tipo si no hay cárcel ni nadie que lo vigile? La JEP ha estado muchos años a la espera de que el Gobierno de turno armara eso, pero con el presidente Vidal se dijo: ‘eso no va a pasar’, y él ha estado buscando la financiación para que la JEP maneje estos proyectos.