El presidente Gustavo Petro reaccionó a los hallazgos publicados por la Contraloría General de la República, que reveló que por lo menos 24 Entidades Promotoras de Salud (EPS) incurrieron en irregularidades fiscales por 6 billones de pesos durante el año 2020, debido al uso indebido de los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
“No solo se robaron los dineros de la salud para que directivos y propietarios de EPS tuvieran clases de yoga, sino también jets privados, campos de Golf, mansiones en Miami. Y lo peor: pagos al paramilitarismo para matar gente y clínicas privadas hechas con el dinero público mientras quebraban los hospitales públicos”, escribió el Mandatario en su cuenta de X.
Según el ente de control, se detectaron posibles irregularidades fiscales adicionales por 5.3 billones de pesos, que serán objeto de indagación preliminar.
El informe de la Contraloría detalla que las EPS utilizaron 5.4 billones de pesos de la UPC del 2020 para cubrir pagos de servicios de salud de años anteriores, lo cual va en contra de la destinación específica establecida por la ley.
Destacan las diferencias entre los montos facturados y pagados, como en el caso de la Nueva EPS, donde se identificaron pagos sin soportes por 2.1 billones de pesos, y en la EPS FAMISANAR, por 643 mil millones de pesos. También se detectaron gastos no relacionados con servicios de salud, como la destinación de 40 mil millones de pesos para honorarios de directivos, gastos personales y otros usos indebidos, en la NUEVA EPS.
Estos hallazgos incluyen 61 con incidencia administrativa, 37 con posible relevancia fiscal, y otros 37 con presunta implicación penal y disciplinaria. Además, la Contraloría adelantará indagaciones preliminares por un valor de 5,3 billones de pesos y remitirá 37 casos a la Superintendencia Nacional de Salud y otras autoridades competentes.
Carlos Hernán Rodríguez Becerra, Contralor General, destacó la gravedad de estos hallazgos, que serán investigados por la Unidad de Delitos Especiales contra la Corrupción. La CGR subrayó que los recursos de salud son de naturaleza pública y parafiscal, y su uso debe ajustarse estrictamente a la ley. Los resultados de esta investigación han sido remitidos a la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación para las acciones correspondientes.