La procuradora general de la nación, Margarita Cabello, le respondió al presidente Gustavo Petro, que en días pasados criticara a la Procuraduría por abrir procesos para suspender a funcionarios, violando una sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según el mandatario.
En su cuenta de Twitter, el presidente Petro aseguró que “el problema es una procuradora que evadiendo la sentencia de la CIDH sobre mi caso, la ley y la constitución abre procesos para suspender congresistas elegidos del Pacto Histórico y por esa via cambiar la correlación de fuerzas y la representación popular”.
Sobre esto, la procuradora respondió: “No tengo tiempo para controvertir. La verdad es que a la Procuraduría General de la Nación llegan 3.000 o 4.000 solicitudes diarias de los ciudadanos pidiendo el apoyo de esta entidad, y nos llegan alrededor de 5.000 quejas disciplinarias mensuales. Imagínense ustedes si yo tiempo de ocuparme en otras cosas es casi que imposible”, dijo Cabello.
Y añadió: “Yo estoy muchísimo más preocupada por las peticiones que me hacen los ciudadanos, quienes me manifiestan inquietudes por la inseguridad, por los problemas de migración, por los asesinatos de líderes sociales, por los problemas por contaminación por mercurio, por la cantidad de proyectos que los tienen angustiados como el laboral, el de salud y de pensiones. Entonces imagínese si yo tengo tiempo para ponerme a controvertir o a escuchar lo que dice el Presidente en ese sentido”.
Asimismo, la procuradora dijo que, “gracias a Dios en Colombia existe una democracia que exige el respeto por las instituciones y las garantías por la separación de poderes. Las decisiones judiciales y administrativas, como son las actuaciones disciplinarias, en este país se respetan, se acatan y si se quieren discutir o controvertir, se hace dentro de esa actuación”.
Por último, Cabello concluyó diciendo que la Procuraduría, por disposición constitucional, “tiene la facultad de investigar, juzgar y sancionar a servidores públicos, incluidos los de elección popular. Esas facultades están hoy vigentes y las ejerceremos cada vez que, de acuerdo con el debido proceso, tengamos que utilizarlas, en eso nadie nos la va a quitar”.
Suspensión del senador del Pacto Histórico Álex Flórez
Cabe recordar que la Procuraduría General de la Nación, suspendió por 8 meses al senador Álex Flórez Hernández (Pacto Histórico) por insultar a unos agentes de policía y llamarlos asesinos en un hotel de Cartagena, ocurrido en la madrugada del 2 de septiembre de 2022.
El ente de control determinó que, aunque el senador estaba bajo los efectos del alcohol sí era consciente de lo que estaba haciendo al llamarlos asesinos.
Esta era una de las mayores defensas que tenía el abogado del senador al determinar que debía ser inimputable por alto grado de alicoramiento. No obstante la sala lo desvirtuó.
Según expresó la sala disciplinaria, Flórez era consciente de los hechos y las calumnias que cometía contra los policías que pesar de tener alto grado de embriaguez.
“Tan consciente era lo que ocurría que al verse siendo grabado por un policía decidió hacerlo con su propio celular y enfocarlo, hecho que demuestra total capacidad de conciencia y no hay lugar de la inimputabilidad”, expresó la decisión.
Esto sumado a que los testimonios de las personas testigos de los hechos y los vídeos conocidos muestran como el senador podía mantenerse en pie, trasladarse por sus propios medios y tener coherencia en sus respuestas.
La sala también determinó que el senador quería decir lo que dijo, a pesar de los argumentos del senador quien aseguraba que no de levantó ese día pensando en que iba a insultar a los policías.
Se determinó una diferencia del dolo y la premeditación, pues aunque no se levantó pensando en que iba a insultar, “el disciplinable sabía que no eran los policías implicados en los hechos sucedidos en Chochó pero aún así los llamó asesinos”.
Finalmente, aunque el evento en el que estaba en Cartagena no era oficial de su agenda como senador, la sala determinó que Álex Flórez se presentó siempre como senador y, por tanto, debía actuar conforme a la ley y a su cargo porque “los deberes funcionales van más allá de su ejercicio en el legislativo”.
Sobre la sanción de 8 meses, la sala valoró que el senador no tenía antecedentes y que por iniciativa propia se retractó de forma pública y frente a la policía de los daños realizados.