Contratación a dedo, persecución y acoso laboral, esas son las nuevas denuncias alrededor del cuestionado Ministerio de Minas y Energías, específicamente en el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas (Ipse), donde las denuncias cada vez abundan más, en las cuales se habla de algunos funcionarios cercanos a Danny Fernando Ramírez, director de la entidad.
Según las denuncias reveladas por la revista Semana, “se presionan a funcionarios y se les quita de las coordinaciones de trabajo por no acatar las órdenes de amañar contratos y realizar chanchullos”.
Ese medio de comunicación reveló la versión de Alba Lucía Calderón Bueno, exsubdirectora de Contratos y Seguimiento de la entidad, quien denunció presuntas irregularidades en la ejecución de más de $ 238.000 millones de pesos que aún no se ejecutan este año.
Esa denuncia se radicó a Saúl Alberto Romero Piñeros, de la Oficina de Control Interno del Ipse, el 9 de agosto, escribiendo el documento tras ser declarada insubsistente en una resolución de tres días antes. Al respecto, Calderón aseguró que pondrá en conocimiento “presuntos actos irregulares sobre los cuales me siento víctima de decisiones arbitrarias y que derivaron consecuencias sobre mi buen nombre”, refiriéndose a su retiro de la entidad.
Según ella, “se hizo un llamado de atención al Ipse por su baja ejecución presupuestal a la fecha, considerando un valor total del presupuesto asignado a la entidad de $ 282.305 MM y un faltante por ejecutar de $ 238.767 MM, solicitando la aplicación inmediata de un plan de acción”.
Fue para la formulación de ese plan que fueron convocados Danny Fernando Ramírez Bastidas, director del Ipse; María José Dangond David, jefe de la oficina jurídica; Luis Felipe Galván Caballero, subdirector de Planificación Energética; Olga Lucía Rivero, secretaria general, y Donaldo Ortiz, asesor de planeación.
“En la mencionada reunión, se buscaba la generación de una línea de tiempo de la contratación de los proyectos a implementar con el fin de planear y lograr la ejecución de los recursos asignados para la vigencia 2024″, dijo la exfuncionaria.
Su propuesta fue adelantar un comité de contratación conforme al manual de gestión de contratación, pero la respuesta de quienes asistieron a la reunión se limitó a pedir que hiciera un “estudio previo desde el componente técnico” sin el cumplimiento de todos los requisitos.
“Era importante elevar a análisis y recomendación de los miembros del comité aspectos como la selección del contratista, toda vez que este había sido seleccionado por la OAJ (Oficina Asesora Jurídica) e informado por correo electrónico, sin que se indicara cuáles habían sido los criterios de selección y que se adelantarían contrataciones directas con la celebración de contratos interadministrativos”, dijo Calderón.
De acuerdo con la explicación que le dio la mujer al medio de comunicación citado, los contratos se iban a hacer en tres grupos por un valor de $ 63.375.082.979 pesos, que fueron aceptados por el director, quien posteriormente convocó el comité de contratación el 6 de agosto, aunque nunca se efectuó.
Ramírez Bastidas la llamó a su oficina ese mismo día para decirle que no se entendían con ella porque “no trabajaba en equipo” y pese a que ella expresó que el comité de contratación era necesario para “mayor transparencia de los contratos que se iban a celebrar”, él se mantuvo.
“Le ratifiqué mis condiciones de trabajo, que habíamos discutido en repetidas ocasiones desde la entrevista que él me realizó previo a mi nombramiento, siendo siempre clara con que en cada una, de mi diligencia y oportunidad en mis actividades laborales, en la absoluta responsabilidad, con la trazabilidad de mis actuaciones y diferenciación de las responsabilidades de cada área, que lleven a la generación de expedientes documentales que permitan evidenciar la transparencia de los actos”, señaló.
Sin embargo, al día siguiente recibió la notificación de la resolución que la declaró insubsistente y la secretaria general se comunicó con ella para decirle que se le permitiría renunciar, revocando ese acto de insubsistencia.