Un proyecto de acto legislativo tuvo el visto bueno del Consejo Superior de Política Criminal (CSPC), el cual no ha sido radicado en el Congreso todavía, pero el Ministerio de Justicia está preparando para quitarle a la Procuraduría General de la Nación la posibilidad de sacar de su cargo a funcionarios elegidos por voto popular. El documento de 15 páginas fue revelado por El Tiempo.
Cabe recordar que este tema ha sido motivo de fuertes enfrentamientos entre el presidente Gustavo Petro y la procuradora Margarita Cabello. Y es que el Ejecutivo ha insistido en su postura sobre el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que asegura que los derechos políticos de los funcionarios elegidos por voto popular, solo pueden ser limitados por una condena penal.
Para darle cumplimiento a este fallo, Colombia aprobó una reforma a la Procuraduría, algo que el mismo mandatario ha mostrado su desaprobación. Esa reforma ya fue revisada por la Corte Constitucional, que decidió que la Procuraduría tiene todavía funciones para sancionar, sin embargo, tienen que ser revisadas por el Consejo de Estado, cuando las sanciones recaigan sobre funcionarios electos por voto.
De acuerdo con el medio El Tiempo, el concepto de 15 páginas del Consejo Superior de Política Criminal, titulado como ‘Concepto No 22.2023′, fue eliminado este miércoles,13 de septiembre, de la página oficial del Consejo, aunque ya estaba firmado y publicado el 12 de septiembre.
El medio mencionado reveló que este concepto fue revisado por los miembros del Consejo el pasado 10 de agosto de 2023. Este concepto fue votado en su mayoría favorablemente por entidad gubernamentales, y obtuvo cinco votos en contra de avalar este proyecto, en su mayoría de la Fiscalía, la Procuraduría, y la Defensoría.
“Su objetivo es ajustar las competencias constitucionales de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República a fin de ‘proteger la democracia representativa, cumplir las obligaciones internacionales del Estado Colombiano en materia de derechos políticos y fortalecer la Rama Judicial del poder público’ “, dice el concepto conocido por El Tiempo.
También dice que este proyecto busca “precisar las competencias de prevención y de promoción de los derechos fundamentales de la Procuraduría, así como redefinir el marco constitucional de su función de intervención judicial para, entre otras, armonizarla con el sistema penal oral acusatorio y racionalizar los recursos públicos”.
“El segundo eje consiste en la eliminación de la facultad de que autoridades como la PGN y CGR, que son autoridades administrativas y no judiciales, impongan medidas, tales como suspensión, inhabilidad o destitución a servidores públicos de elección popular, por comportar una transgresión a los derechos políticos de los ciudadanos, reconocidos ampliamente en instrumentos nacionales e internacionales”, añade.
¿Choque de trenes?
La Procuraduría General de la Nación presentó varias acciones de tutela contra sentencias del Consejo de Estado que declararon la nulidad de fallos disciplinarios del Ministerio Público contra el exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía, el exsenador Eduardo Merlano y el exalcalde de San José de Fragua Duber Trujillo Medina.
En las demandas interpuestas, la Procuraduría pide que se dejen sin efecto las decisiones judiciales del alto tribunal que en los últimos meses tumbaron las sanciones de destitución e inhabilidad que se habían formulado contra funcionarios de elección popular.
Según el órgano de control, los fallos del Consejo de Estado en ese sentido vulneran el derecho fundamental al debido proceso de la Procuraduría, debido a que “se desconoció la Constitución Política y el precedente de la Corte Constitucional respecto de la competencia de esta entidad para ejercer el control disciplinario sobre los servidores públicos de elección popular”.
La entidad liderada por Margarita Cabello indicó que, luego de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Petro vs Colombia, “la Corte Constitucional reiteró que la Procuraduría sí puede sancionar a funcionarios elegidos por los ciudadanos en un proceso electoral y precisó que las sanciones impuestas a estos solo quedarán ejecutoriadas por la sentencia de un juez”, que es específicamente un funcionario del Consejo de Estado.