Durante el escándalo de corrupción que enloda a la UNGRD, el abogado José Luis Moreno, defensor de Olmedo López, exdirector de la entidad, afirmó que durante la jornada de este jueves 6 de junio, se tramitó un principio de oportunidad ante la Fiscalía.
Frente al principio de oportunidad parcial que adelanta el exfuncionario, su abogado explicó que los acuerdos precisos se conocerán más adelante “por respeto a las conversaciones que se están adelantando con la Fiscalía y al compromiso de absoluta reserva que se tiene”.
“¿En el marco del principio de oportunidad, habrá una imputación de cargos con aceptación?”, cuestionaron los medios de comunicación al abogado defensor, el cual respondió que “para que exista un principio de oportunidad está establecido jurisprudencialmente que debe existir una formulación de imputación para luego aceptar el principio”.
La fecha de la imputación de cargos contra el exfuncionario se podrá fijar cuando la investigación avance de acuerdo con las pruebas que se están aportando y recolectando, según precisó el abogado de López.
López, por su parte, ha manifestado su disposición a devolver los recursos de los que se apropió y asumir las consecuencias legales de sus acciones.
Olmedo salpicará a 10 personas
Cabe mencionar que la defensa de López afirmó que se radicó una matriz de colaboración. Al parecer, al menos 10 personas entre altos funcionarios del Gobierno, ministros, exministros, congresistas, funcionarios, exfuncionarios y contratistas serán salpicados por el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
“Hemos radicado hoy, esa matriz de colaboración parcial frente al primer caso. La otra semana seguiremos ampliando esa matriz frente a los diferentes casos que tiene el señor López. En la primera tenemos los nombres de 10 personas”, precisó.
Asimismo, el abogado reconfirmó que López está dispuesto en colaborar con la justicia y afrontar las consecuencias que sus actos le conlleven. Él advirtió podrían revelar todo el entramado de corrupción, el concierto para delinquir, que se conformó al interior de la entidad y cómo se repartió el dinero que en teoría estaba destinado a garantizar el agua potable para las comunidades en el departamento de La Guajira.