En la mañana de este viernes, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, dio a conocer por medio de cuenta de X (antiguo Twitter) una denuncia en la que presuntamente el Gobierno Nacional romperá la regla fiscal durante este 2024.
Dicha publicación comienza asegurando que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, habría revelado las variables del cierre del 2023 y el plan financiero del 2024. Al respecto, la senadora uribista afirma que “Presupuestaron mal el 2023″.
Por lo tanto, seguidamente Valencia expone cinco razones por las cuales considera que hubo un mal presupuesto de la regla fiscal:
- El Gobierno Nacional había anunciado el año pasado que el crecimiento económico (real) iba a ser 1.8%, pero la nueva proyección del Plan Financiero (PF) es de 1.2%.
- Las importaciones iban a caer en -15%, pero la contracción resultó en -18%.
- Se presupuestaba unos ingresos tributarios de $273.3 billones por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), pero solo se obtuvieron $262.2 billones. ($11 billones menos).
- Se proyectó un superávit primario (no se tienen en cuenta intereses de deuda) de $65 mil millones, pero se llegó a un déficit de $5.6 billones.
- La Corte Constitucional tumbó la no deducibilidad de las regalías, por lo que el Gobierno Nacional recibiría $2,8 billones menos por este rubro en el 2023.
“Lo advertimos en el debate de presupuesto el año pasado. ¡El Gobierno hizo caso omiso!”, concluyó Valencia en su publicación.
Lo que propuso el Gobierno frente al cambio de la regla fiscal
Las modificaciones propuestas por el Gobierno nacional en septiembre del 2023, se centran en la idea del presidente Gustavo Petro, de descontar las inversiones en conservación ambiental del pago de la deuda externa. Sin embargo, esta propuesta no ha recibido una respuesta favorable por parte de la comunidad internacional, pese a que la ha difundido en diversos escenarios, por ejemplo, la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas.
En este sentido, se busca que los gastos en reforestación y transición energética no se contabilicen como gastos públicos de inversión corriente en las cuentas del Estado, lo que otorgaría un mayor margen de endeudamiento.
Según lo que explicó en su momento Jorge Iván González, quien hasta ayer fue el director de Planeación Nacional: “Estamos debatiendo cómo aliviar esta presión, comenzando, por ejemplo, con la exclusión de los recursos destinados al salvamento de activos ambientales, que tienen enormes beneficios futuros, de los gastos de inversión corriente. Esto generaría un margen fiscal más amplio”.
No obstante, las críticas y preocupaciones de los expertos se centran en la falta de una garantía clara de retorno financiero de estas “inversiones”, lo que sugiere que el uso de estos recursos debería seguir siendo considerado como gasto público.