Según un concepto del Congreso de la República, la reforma a la salud debería tramitarse como ley estatutaria en vez de ley ordinaria. Lo anterior cambiaría totalmente las discusiones de este proyecto del Ejecutivo.
El presidente, Gustavo Petro, cuestionó este señalamiento al asegurar que “La ley 100 ha sido desde 1993 una ley ordinaria y nosotros estamos reformando la ley 100″.
Desde su cuenta de X dijo que “La ley estatutaria de la salud seguirá vigente, pues no es nuestro interés reformarla”.
Según el concepto de la Unidad Coordinadora de Asistencia Técnica Legislativa del Congreso, la reforma a la salud debió tramitarse como una ley estatutaria y no como una ley ordinaria, como lo ha argumentado el Gobierno.
Añadió que este proyecto “obliga el carácter de ley estatutaria, en la medida que regula de forma integral, estructural y completa la prestación del derecho fundamental a la salud en todas las personas”.
Se espera que en los próximos días se estudie este concepto y se determine el futuro de la reforma a la salud, que se discute en las sesiones extras para lograr algún consenso de cara al 2025.
Tiempos hostiles para Petro
Un grupo de 38 exconsejeros de Estado expresó su respaldo a la declaración emitida el 16 de diciembre de 2024 por la Sala Plena del Consejo de Estado, en la que rechazó de manera tajante las críticas del presidente, Gustavo Petro, hacia sus decisiones judiciales.
Los exconsejeros destacaron que el respeto a las decisiones judiciales, particularmente por parte de las autoridades, es fundamental para garantizar el buen funcionamiento del sistema democrático y del Estado de derecho.
Los exmagistrados, que incluyen figuras como Libardo Rodríguez, Gabriel Valbuena y Óscar Darío Amaya, firmaron un comunicado en el que reiteraron su apoyo al Consejo de Estado, considerando que los pronunciamientos de la Corporación son fruto de procesos judiciales basados en la Constitución y la ley.
En su declaración, señalaron que “el respeto y el acatamiento a las decisiones judiciales por parte de todas las personas, en especial de las autoridades y, con mayor razón, del Presidente de la República, constituyen un pilar fundamental del sistema democrático y de derecho”.
La declaración de la Sala Plena subrayó la importancia de la autonomía e independencia judicial como principios esenciales para el equilibrio y la estabilidad de la democracia.
Los consejeros y el presidente de esa alta corte, Milton Chaves García, manifestaron su preocupación por las afirmaciones sin fundamento que sugieren que las decisiones judiciales del Consejo de Estado responden a intereses políticos.
”Cuestionar las sentencias y pronunciamientos de esta Corporación como actos de golpe blando y perfidia, desconoce la función del poder judicial, que actúa libre de todo tipo de presión”, concluyeron.
Información de colprnesa.