El presidente Gustavo Petro insistió nuevamente en su propuesta de que el Banco de la República emita dinero para reparar a las víctimas del conflicto armado, luego de que la Contraloría, la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo advirtieran ante el Congreso el XI Informe de Monitoreo a la Ley de Víctimas sobre importantes rezagos en su cumplimiento.
“Procuraduría, Contraloría y Defensoría dicen que la reparación de las víctimas costaría 334 billones de pesos y que el programa esta retrasado. Tienen razón. Con 2 billones de pesos anuales invertidos en reparar víctimas nos demoraríamos 150 años en repararlas Esta es una de las grandes hipocresías nacionales”, escribió el Mandatario en la mañana de este miércoles en su cuenta de X.
Añadió que “la reparación de las víctimas en Colombia no se puede realizar si no se utilizan otros instrumentos del estado, que es el responsable de la indemnización, diferentes al presupuesto nacional. Para reparar las víctimas en el corto plazo, en el plazo de sus vidas, es necesario emitir dinero por parte del Banco de la República. Alguna vez lo propuse en medio de la burla ignorante en el periodismo y la derecha”.
“El cupo de emisión anual que realiza el Banco de la República debería, en efectivo o bonos, dirigirse en primera instancia al largo listado de las víctimas de la violencia en Colombia. Esto significa que por un tiempo, de 10 a 15 años, el señoriaje de la emisión pasaría del sector financiero a las víctimas de la violencia. Un hecho que tiene ejemplos en otros lugares del mundo y que es el propio en un país que ha vivido 75 años bajo la violencia”, finalizó el Presidente.
Según la información entregada por los organismos de control, los recursos destinados a la Política Pública de Víctimas continúan siendo insuficientes para atender, asistir y reparar integralmente a las más de nueve millones de víctimas del conflicto registradas en el país.
El informe destacó que los esfuerzos para superar la vulnerabilidad de estas personas no han sido suficientes, reflejando un déficit crítico en la entrega de subsidios de vivienda tanto urbana como rural.
Asimismo, reveló que el 51,6% de las víctimas en el Registro Único de Víctimas (RUV) no tienen ingresos suficientes para alimentación y servicios básicos.
La pobreza extrema ha aumentado del 13,2% en 2019 al 21,2% en 2022, y más de un millón de víctimas no tienen los recursos necesarios para una alimentación básica.