La Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia radicaron este martes ante el Congreso un proyecto de reforma al sistema penal, una polémica iniciativa que podría brindarle beneficios a los violadores y asesinos de niños, a pesar de que durante años varios congresistas y expertos han luchado para aumentarles las penas, pues el proyecto busca “descongestionar la justicia”.
La iniciativa, presentada por el presidente de la Corte, Gerson Chaverra Castro, la fiscal general, Luz Adriana Camargo Garzón, y la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago Ruiz, busca restablecer el equilibrio del Sistema Penal Oral Acusatorio y ampliar las posibilidades de terminación anticipada de los procesos a través de mecanismos como los preacuerdos y el principio de oportunidad.
Según las cifras presentadas, actualmente solo el 10% de los casos que ingresan al sistema penal se resuelven mediante mecanismos alternativos, mientras que el 90% llega a juicio. Esta situación contrasta con los modelos penales internacionales, donde la tendencia es resolver la mayoría de los casos de manera consensuada y rápida.
La modificación permitiría que los asesinos y violadores de niños por medio de un preacuerdo accedan a los beneficios que tiene cualquier delincuente como por ejemplo, un ladrón de celulares.
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“Artículo 199. Beneficios y mecanismos sustitutivos. Cuando se trate de los delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o secuestro, cometidos contra niños, niñas y adolescentes, se aplicarán las siguientes reglas”, señala el proyecto de reforma que apoyan el Gobierno, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia.
La reforma propuesta contempla medidas como la extinción de la acción penal por reparación integral a las víctimas, la ampliación del principio de oportunidad para que la Fiscalía pueda aplicarlo desde las primeras etapas de la investigación, la concesión de beneficios por allanamientos a las personas capturadas en flagrancia y la ampliación de los procedimientos de allanamientos y preacuerdos a todos los delitos.
“En caso de celebración de preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado, o de allanamiento a cargos, se concederá la mitad de la rebaja de pena prevista en los artículos 351, 352, 356-5 y 367 del Código de Procedimiento Penal”, advierte el proyecto que buscaría darle la oportunidad a los asesinos y violadores de niños de tener esa clase de beneficios.
Con esta reforma, el Gobierno busca reducir la carga judicial, garantizar una justicia más expedita y, sobre todo, priorizar los derechos de las víctimas.
Semana consultó a expertos relacionados con el tema, quienes anotaron que sería una propuesta “inadmisible”, pues durante años la justicia luchó por endurecer las penas y castigos a los asesinos y violadores de niños.
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“Es inadmisible e inaceptable que se pretenda en el artículo 9º del proyecto modificar el numeral 7º del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, buscando una rebaja de pena de hasta la mitad cuando se trate de los delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o secuestro, cometidos contra niños, niñas y adolescentes”, señaló Wilson Ruiz, exministro de justicia, según el medio antes mencionado.