La elección del Fiscal General de la Nación se ha convertido en una novela por entregas, en la que ya no es solo un asunto de quién ocupará el principal cargo en el búnker, sino una radiografía de las tensiones que atraviesa la política nacional.
Luego de que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia han enfrentado tres votaciones sin que Amelia Pérez Parra, Ángela María Buitrago o Luz Adriana Camargo hayan logrado obtener los 16 votos necesarios para ser elegida, para este jueves 7 de marzo está prevista una nueva Sala Plena del alto tribunal.
Y en medio de la urgencia del Gobierno por el nombramiento y de llamados de la oposición y la Rama Judicial para que no se ejerza presión sobre los togados, vuelve el interrogante sobre por qué no ha escogido a la sucesora de Francisco Barbosa, quien salió del cargo el pasado 12 de febrero.
“Lo que observo en la percepción pública es una confusión común: muchos piensan que la elección del Fiscal General es un asunto meramente judicial o legal, pero no es así. Según nuestra Constitución, es, en esencia, un procedimiento político. Esto se debe a que representa un momento de tensión entre los poderes Ejecutivo y Judicial, que es beneficioso en cualquier democracia”, plantea Wilson Martínez, profesor de Derecho Penal de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.
Agrega que esa dinámica asegura un equilibrio efectivo de poderes. “La Corte selecciona al Fiscal de una terna propuesta por el Ejecutivo, lo que genera un debate sobre la independencia de la Rama Judicial, especialmente si los candidatos tienen vínculos cercanos con el Presidente. Este trámite no está definido por un procedimiento específico o plazos fijos y se debe resolver a través del diálogo y la negociación”.
Por eso, aventurando que este jueves tampoco se daría la elección, Martínez dice que contradice el espíritu constitucional presionar al alto tribunal para que tome una decisión apresurada, como ocurrió el pasado 8 de febrero, cuando varias personas se concentraron frente al Palacio de Justicia, generando lo que algunos calificaron de “secuestro” de los magistrados.
“Cuando ocurren esos hechos se está coartando el proceso político de lograr el balance de pesos y contrapesos entre las ramas del poder público. La Corte tiene el derecho a que no le guste algún candidato a Fiscal General y es importante dejar que siga su debate y que el proceso de elección se resuelva cuando políticamente deba resolverse”, plantea el docente.
Para Martínez, el presidente Petro “se equivoca cuando llama a la sociedad civil a presionar a la Corte, porque es una forma de eludir el diálogo y la discusión política. La forma de resolver esto no es sacando a la gente a las calles, es a través del Ministro de Justicia, que representa el canal natural de comunicación entre el Gobierno y las cortes, y es quien debería estar hablando con los magistrados, tratando de comprender qué es lo que no les gusta de las candidatas y presentando sus argumentos de por qué sí lo son. Y, si no lo logra, es su función hablar con el Presidente y explicarle que es momento de recomponer la terna”.
Juan Manuel Charry, especialista en derecho constitucional y ciencia política, está de acuerdo con que los tiempos de la Corte son normales y recuerda que en el pasado la elección de Fiscal se ha demorado hasta 16 meses.
Para él, el elemento novedoso en esta ocasión es el uso de la manifestación pública como herramienta política por parte del Jefe de Estado.
“Tenemos un mandatario que se siente fortalecido en ese espacio político. Hay otros presidentes que se han sentido fuertes en el Congreso, con los partidos de Gobierno o en la opinión pública, este lo es en la calle, y apela a esa fortaleza, lo cual es novedoso, porque no habíamos tenido un presidente que acudiera a ella”, anota Charry.
Y sigue: “Esto tiene un ingrediente, y es que la manifestación pacífica es un derecho constitucional, pero en ocasiones termina desviándose a vandalismo y agresiones, es decir, tiene un componente que fácilmente deriva en violencia, que es indeseable, pero que ocurre y que genera una especie de presión que tiene por lo menos implícita esa posibilidad”.
El constitucionalista prevé que la demora en la elección de Fiscal General seguirá, porque seguramente los 23 magistrados discutirán hoy los mensajes publicados en las redes sociales del esposo de Amelia Pérez.
“Desde una perspectiva jurídica, es claro que las expresiones de un individuo son propias y no deben impactar la carrera o las oportunidades de otro, incluso cuando exista un vínculo matrimonial o familiar. La libertad de expresión es un derecho fundamental, protegido y valorado en la mayoría de las democracias. Pero el análisis no termina allí. Políticamente, las percepciones y la opinión pública juegan un papel crucial en las elecciones y nombramientos, especialmente en cargos de alta visibilidad y responsabilidad como el de Fiscal”, dice Charry.
Según él, los mensajes de un cónyuge, “especialmente cuando son políticamente cargados o controvertidos, pueden influir en cómo se percibe la candidata, no necesariamente por sus propias cualidades o trayectoria, sino por las asociaciones ideológicas de su entorno más cercano”.
También considera que “no se trata de una elección en la que se chequea que el candidato cumple los requisitos legales, su capacidad y trayectoria, la Corte está en la obligación de analizar todo el contexto para que la persona que elijan sea la más adecuada para dirigir un organismo de tanta importancia como lo es la Fiscalía, teniendo en cuenta la situación actual del país y la coyuntura política del momento”.
“Soy partidario de que no haya interinidades largas, no convienen, eso debe ser la excepción y no la regla. En especial organismos como la Fiscalía deberían tener funcionarios nombrados en propiedad, con la legitimidad democrática del caso, para que así mismo puedan generar políticas de institucionalidad”, puntualiza.