Héctor Carvajal, abogado del presidente Gustavo Petro, ante el Consejo Nacional Electoral, insiste en que la indagación preliminar en contra del mandatario por la supuesta financiación irregular de su campaña debe declararse nula.
La principal razón es la “falta de competencia” del CNE que se fundamenta en un fallo de la Corte Constitucional. “El Consejo Electoral podría investigar en cualquier tiempo la violación de topes de campaña y las normas de financiación desde el inicio de la campaña y hasta 30 días después de la elección, pero en ningún caso podría tener competencia por denuncias posteriores”, aseguró el abogado en diálogo con La FM.
Carvajal recordó que la investigación nació en febrero de 2023, cuando ya habían transcurrido más de seis meses de la elección del mandatario. El abogado aseguró que, según dispuso el alto tribunal, en este tipo de casos tendría que hacerse una verificación por parte de la Contraloría para establecer en un juicio de responsabilidad la posible recuperación de esos dineros.
Y enfatizó en que la misma norma contempla que la investigación y juzgamiento del Presidente de la República la hace el Congreso. “En consecuencia, la Corte Constitucional dejó limitada la competencia del Consejo Nacional Electoral en estos casos”, añadió.
La solicitud de nulidad se conoció días después de que los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz radicaron una ponencia para que sea estudiada por la sala plena para que decida si abre pliego de cargos en su contra.
En ese sentido, el abogado aseguró que las “pruebas se practicaron sin competencia y a partir de una denuncia anónima que no aportó ninguna prueba”, lo que, en su opinión, demuestra que todo el proceso está viciado.
Además, el defensor del Mandatario manifestó que no hay justificación para una nueva revisión, pues el proceso de revisión de cuentas ya había sido completado por el CNE en tres resoluciones anteriores.
“Para que haya sanciones se debe presentar la verificación de las cuentas para saber si hubo irregularidades. El CNE en tres resoluciones reconoció la reposición de votos para el partido y hay un acto administrativo, por ende, no se puede hacer una nueva revisión”, añadió.
En la ponencia, los magistrados Ortiz y Prada señalan que para la primera vuelta pudieron evidenciar que se volaron los topes en 3709 millones de pesos, mientras que para la segunda vuelta se habrían dejado de reportar al menos 1646 millones de pesos, lo que llevaría a un gran total de 5.355 millones de pesos.
Entre las cuentas, que para los magistrados se volaron, están el aporte de 500 millones de pesos que hizo en su momento la Federación Colombiana de Trabajadores, Fecode, así como un supuesto préstamo que entró a la campaña de parte del partido Polo Democrático, también por 500 millones de pesos.
También están los 931 millones de pesos con los que se pagó la gestión de los testigos electorales y otros 356 millones de pesos correspondientes a propaganda electoral.