El pasado 2 de octubre, el expresidente Álvaro Uribe se retiró de la audiencia en su contra por el escándalo de presunta manipulación de testigos. “Acá lo que hay es un daño a mi persona, que si la justicia colombiana no lo corrige es insuperable”, expresó el exmandatario antes de apagar su cámara y retirarse de la diligencia.
La decisión se conoció luego de que el exmandatario argumentara que no podía presentar pruebas a su favor porque la juez no aceptó una nueva solicitud de aplazamiento.
La juez le negó la petición al abogado defensor Jaime Granados, quien pidió un aplazamiento por siete días para revisar un material forense que se extrajo de unos computadores y unos celulares que tendrían pruebas sobre el testigo clave, Juan Guillermo Monsalve.
La determinación de la juez causó un recurso de queja por parte de Granados. Sin embargo, en la tutela, el abogado defensor expuso que a Uribe se le violaron las garantías fundamentales.
En diálogo con Semana, el abogado sostuvo que la jueza ignoró que las copias de los dispositivos decomisados a Monsalve se conocieron el pasado 30 de septiembre a las 6:53 p.m. apenas dos días antes de la audiencia. “Se necesitaban, por razones técnicas y protocolos forenses, tener acceso directo a ese computador y celular”, argumentó Granados.
Aunque según Granados la defensa ha sido ágil en la recolección de los elementos de prueba, sostuvo que las pruebas no se pueden analizar en pocas horas. “Nosotros explicamos que el tiempo mínimo para el análisis forense es de 164 horas trabajando de corrido y con máquinas”, señaló.
El abogado resaltó que en estos casos es necesario revisar si las pruebas han sido manipuladas o adulteradas, por lo que el procedimiento de extracción forense es esencial para diseñar la estrategia de defensa de cara al juicio.
“Otros equipos que tienen cercanía con ese computador sí fueron manipulados y ya se lo compartimos a la Fiscalía. Esto prendió las alarmas y por eso decidimos tomar la decisión de pedir las copias originales de todo”, añadió el líder de la defensa.
Cabe recordar que el pasado jueves, 3 de octubre, el Tribunal Superior de Bogotá rechazó la medida cautelar solicitada por el abogado Jaime Granados, defensor del expresidente Álvaro Uribe, con la intención de detener la audiencia en curso en su contra.
Un día después, la Procuraduría General de la Nación solicitó al Tribunal Superior de Bogotá que se protejan los derechos fundamentales del expresidente Uribe. En el documento, la Procuraduría apoyó la petición del exmandatario, solicitando que se le conceda un plazo razonable para verificar las pruebas obtenidas bajo orden de la Corte Suprema de Justicia y que se garantice el adecuado descubrimiento probatorio.
*Con información de Colprensa.