Para la Misión de Observación Electoral, MOE, es preocupante que, a seis meses de las elecciones, la Registraduría Nacional del Estado Civil no haya hecho público el cronograma de contratación de la logística para el desarrollo de los comicios de octubre.
Así lo dio a conocer durante la Segunda Comisión Nacional de Seguimiento Electoral para las Elecciones de Autoridades Locales 2023, ante la cual presentó su segundo informe de Observación Electoral.
Marlon Pabón, coordinador de Administración Pública y Transparencia de la MOE, señaló que “de acuerdo a la información suministrada por el Ministerio de Hacienda en noviembre de 2022, la contratación podría ascender a la $1.447.039.050.553″.
En esa línea, indicó que “debido al monto de la contratación, es necesario que las autoridades electorales hagan público el cronograma de contratación, el esquema de auditoría externa y el plan de auditoría para las organizaciones políticas”.
También advirtió acerca de la opacidad en la información de los ingresos y gastos que están siendo invertidos por los grupos significativos de ciudadanos durante la recolección de firmas para posicionarse en los tarjetones electorales y que se desconoce cuál es el origen de esos recursos y para qué se están destinando.
Hasta el momento se conoce que hay un total de 243 grupos registrados en todo el país para inscribir candidaturas para elección de gobernadores y alcaldes y, solo tres de ellos han registrado sus actividades monetarias ante el portal de Cuentas Claras.
Además, en los últimos 90 días la entidad descubrió que, a través de Facebook e Instagram, 24 de estos grupos, la mayoría con aspiración a gobernaciones o alcaldías, pautaron 865 anuncios publicitarios que dan como resultado $194.115.950.
De acuerdo con las estadísticas de esas redes sociales, el 58 % de dicha pauta corresponde a candidaturas que están recogiendo firmas para la Alcaldía de Medellín.
La entidad mostró su preocupación al no poder rastrear las pautas de publicidad de esos movimientos en Twitter y Tik Tok, dado que no han adoptado medidas de transparencia al acceso a la información en los costos de la publicidad en materia electoral.
Por otra parte, la MOE también destacó la importancia de la creación de nuevos puestos de votación y que, en esa medida, sean debidamente georreferenciados. Del mismo modo, solicitó al Consejo Nacional Electoral, CNE, la expedición de una resolución en la que defina los criterios para la creación y ubicación de los mismos.
Al respecto, la directora de la Misión, Alejandra Barrios, indicó que “las elecciones locales son el escenario propicio para acercar la logística electoral a las comunidades que residen en zonas de más difícil acceso”.
En referencia a los territorios pertenecientes a comunidades afrodescendientes, un comunicado de la entidad dio a conocer que de los 210 territorios colectivos reconocidos bajo la figura de Consejos Comunitarios, solo 122 cuentan con al menos un puesto de votación. En cuanto a los resguardos indígenas, se determinó que, de los 750 reconocidos actualmente, solamente 101 cuentan con cubrimiento de al menos un puesto de votación.
Por ello, en medio de la Comisión, Barrios recordó que el 42 % de los Consejos Comunitarios y el 87 % de los resguardos indígenas aún no cuentan con un puesto de votación en sus territorios.
“Se necesita que, junto a la creación de estos nuevos puestos de votación, se elabore material electoral en lenguas nativas, se realicen campañas de cedulación y de inscripción de cédulas y pedagógicas, para que la población que no ha participado en procesos electorales por falta de acceso, lo hagan para las elecciones de octubre”, anotó la directora de la MOE.