Este domingo, el presidente Gustavo Petro emitió un trino en su cuenta de X en el que afirma que el Cañón del Micay, territorio que comprende a diferentes municipios del Cauca, el cual en los últimos días ha sido fuertemente golpeada por la violencia, estaría dominado por actores ilegales extranjeros.
“El cañón del Micay está dominado por carteles mafiosos extranjeros que construyendo ejércitos privados construyen la obediencia y el silencio campesino, que logran con el engaño, la sujeción económica y el miedo“, declaró el mandatario en su red social.
El jefe de Estado aseguró además que “el campesinado decide, si se continúa con una economía ilícita que solo trae muerte de hijos y desesperanza, o, con el gobierno, y de manera voluntaria nos movemos hacia una economía para la Vida, de producción alimentaria agroindustrializada y con posibilidades de exportación “.
El Gobierno Nacional ha hecho claridad en no tener ningún tipo de intención de erradicar de manera forzada de los cultivos ilícitos en esta zona del país. No obstante, Petro ha hecho énfasis en que tampoco se puede permitir que los “poderes militares extranjeros” tomen control de este lugar.
“El campesinado del Micay como el del Catatumbo y de todo el país deben ser los dueños legítimos del territorio donde habitan, nadie más.” instó el mandatario.
“El estado democrático en esos territorios se debe construir desde el mismo campesinado y bajo su decisión”, agregó.
La falsa información acerca de la presunta erradicación forzosa de este tipo de cultivos, al parecer difundida por grupos al margen de la ley, habría generado zozobra entre los pobladores de estos sectores, llevando incluso a la instrumentalización de varios civiles para irse en contra de la Fuerza Pública.
Desde el Cauca, la directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito de Colombia, Gloria Miranda, reiteró “No es cierto que los campesinos hayan pedido la salida del Gobierno, ni que el Estado vaya a hacer erradicaciones forzosas”.
La funcionaria explicó que, por el contrario, se está ofreciendo un programa, el cual cuenta con dos componentes: el pago por la eliminación de raíz de los cultivos de uso ilícito durante 12 meses y el establecimiento de una economía legal con la finalidad de apostarle a la paz en Colombia.
“Ya son más de 500 las familias campesinas que le han apostado a este programa” aseveró Miranda, quien afirmó además que, la integración a estos programas permitirá avanzar en el propósito de garantizar mayor seguridad para los campesinos de estas zonas históricamente golpeadas por el conflicto armado, así como el desarrollo económico de las mismas.