Por medio de su cuenta de Twitter, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que bajo sus facultades legales ordenó hacerle una estudio de valoración a la empresa Triple A. “He ordenado bajo mis funciones constitucionales a la Superintendencia de Servicios Públicos realizar un estudio de valoración de la empresa triple AAA de Barranquilla para determinar si las acciones de dicha empresa se vendieron por debajo de su valor”, expresó Petro en su red social.

La decisión del presidente Petro se da justo después del anuncio de la Procuraduría General, de suspender por tres meses al presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Daniel Rojas Medellín y abrir investigación a otros dos altos funcionarios de la entidad, esto dentro de las investigaciones que se adelanta contra la empresa Triple A. Lea además: Reforma a la Salud no elimina las EPS, anunció el Gobierno tras reunión con representantes Frente a la suspensión, Rojas aseguró en su red social: “Nuestra conciencia no tiene precio y nuestro deber es insoslayable, inchantajeable”.

El presidente también se solidarizó con Rojas: "Mi solidaridad con Daniel. El que encontró la corrupción en la SAE y en la triple A, ahora es suspendido por los órganos de control que hace mucho debieron haber descubierto la corrupción en al SAE con los bienes del narcotráfico y en la triple A".

Según expresó el ente de control, las acciones realizadas por los directivos de la SAE, en presuntamente incumplir la obligación contractual de transferir las acciones objeto de la venta, podrían generar un detrimento patrimonial de hasta 59.000 millones de pesos. Le puede interesar: Nuevo ciclo de conversaciones entre el Gobierno y el ELN inicia el próximo lunes Además de la irregularidad de convocar a una asamblea extraordinaria de Triple A, que terminó con la elección de la nueva junta directiva. Dentro de la investigación disciplinaria también se incluyó al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroz, quien al parecer “habría sugerido, decidido, recomendado o manifestado ante la SAE que se suspendiera el cumplimiento del contrato, actuación funcional con la cual pudo haber contribuido a la consumación de comportamientos conjuntamente con los funcionarios de la SAE”.