En medio del reclamo ciudadano contra la reforma tributaria y tras los choques que se han registrado los últimos días entre vándalos y las autoridades en diversas zonas del país, desde el Congreso de la República se volvió a insistir ayer en que se tramite un proyecto de ley para regular la protesta social en Colombia.

El senador conservador Juan Diego Gómez, autor de la iniciativa que se encuentra ‘engavetada’ en la Comisión Primera de esa corporación, según dijo, recordó que en ella se definen los protocolos que deben cumplir los manifestantes y miembros de la Policía Nacional con el fin de garantizar que las movilizaciones puedan adelantarse de manera pacífica y sin abusos de autoridad.

El proyecto busca restringir el uso de capuchas durante las marchas, diseñar una reglamentación para el porte de armas no letales por parte de las autoridades y prohíbe el uso de elementos contundentes para las protestas, las cuales no podrían adelantarse en lugares cercanos a hospitales, medios de comunicación u otras entidades esenciales.

“Es urgente reglamentar la protesta pacífica, es urgente que el Congreso de la República se pronuncie al respecto, que la Comisión Primera del Senado le dé trámite al proyecto de ley que se encuentra radicado allí”, manifestó Gómez, quien recordó que, pese a que fue radicada hace casi un año, la iniciativa no arranca en su discusión.

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Gómez destacó que si bien la protesta es un derecho legítimo y válido, “el Congreso debe reglamentar cuanto antes esas reglas de juego y establecer las condiciones para que se pueda desarrollar de manera pacífica”.

El representante Christian Garcés, del Centro Democrático, agregó al respecto que el vandalismo, los desmanes y los saqueos de estos días son “evidencias suficientes para reactivar una iniciativa que no pretende limitar el derecho a la manifestación, sino que, por el contrario, busca garantizar las condiciones necesarias para que las movilizaciones sean pacíficas y se judicialice efectivamente a quienes aprovechan estas coyunturas para actuar criminalmente contra la vida, los bienes públicos, el comercio y la tranquilidad de la ciudadanía”.

Por su parte, la senadora María del Rosario Guerra, también del CD, recalcó la importancia de regular las protestas rechazando los actos vandálicos de los últimos días. “Para los promotores del paro no tenía importancia definir contra qué se iba a protestar ni la salud de quienes participaran. Su objetivo era convertirlo en un instrumento político para su propósito de protagonismo y presión al Gobierno”, escribió en su cuenta de Twitter.

A su turno, el representante César Lorduy, de Cambio Radical, calificó como inaceptable que algunas personas se infiltren en las marchas para generar hechos de violencia en las manifestaciones que son legítimas.

“Obvio que defendemos el derecho a la protesta, defendemos la posibilidad de que los ciudadanos se trasladen a la calle y manifiesten sus anhelos, sus esperanzas y sueños y que rechacen todo lo que quieran, pero de ahí a que esos actos terminen en situaciones vandálicas y criminales, que atenten contra la propiedad privada, merece todo el rechazo. Protestamos contra los actos vandálicos, no lo podemos permitir, ni tolerar”, señaló Lorduy en RCN Radio.

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Frente a la demora en el trámite de la iniciativa, el presidente de la Comisión Primera del Senado, Miguel Ángel Pinto, reconoció que no ha tenido discusión y dijo que se espera agendarla en las próximas semanas.

Además, sostuvo que “la protesta social es un derecho legítimo de los colombianos, pero hay que hacerla de manera pacífica. Hay que rechazar todos los actos delictivos, hurtos, saqueos, quemas, agresiones, daño al patrimonio público y privado de todos los colombianos, así no se hace la protesta”.