Una investigación fue abierta por la Procuraduría General de la Nación en contra de varios funcionarios de tres entidades del Gobierno Nacional por la presunta celebración indebida de convenios de la que habrían hecho parte. Se trata del Departamento Administrativo de la Función Pública (Dafp), la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y la Agencia Nacional de Tierras, ANT.
En ese sentido, la Sala de Instrucción Disciplinaria del Ministerio Público reveló que, de acuerdo con denuncias hechas por la prensa nacional, se habrían realizado modificaciones a un contrato existente entre el Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres y la Agencia Nacional de Tierras, con el propósito de reducir su valor en $100 mil millones y trasladar los recursos restantes.
Asimismo, la entidad dirigida por Margarita Cabello buscará establecer las relaciones contractuales entre el exdirector y exsubdirector de la Ungrd Olmedo López y Sneyder Pinilla, respectivamente, y el exfuncionario Luis Barreto, actualmente privados de su libertad, con servidores de la Dafp y la Agencia Nacional de Tierras, con quienes, al parecer, se acordó destinar no solo los sobornos, sino los anticipos que se requerían para avanzar con las acciones irregulares.
“De acuerdo con la información noticiosa, lo pactado entre los que posiblemente participaron en la gestión de los convenios equivale a un 7 %, que tendría como objeto el pago de coimas del total de los montos destinados al bilateral aludido, con lo que se habría configurado la irregularidad”, enfatizó la Procuraduría en un comunicado.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Ministerio Público a través de su actuación disciplinaria, buscará individualizar a los posibles responsables, determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si los implicados actuaron o no al apoyo de una causal de exclusión de responsabilidad.
Olmedo López firmó preacuerdo con la Fiscalía, ¿cuánto pagaría de cárcel?
La apertura de la investigación de la Procuraduría se dio horas después de que el exdirector de la UNGRD firmó un preacuerdo con la Fiscalía, en el que, a cambio de una rebaja de pena, se comprometió a seguir entregando información sobre ese escándalo de corrupción detectado en la entidad que manejaba.
Según información preliminar, López aceptó los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir, con una pena de más de siete años de prisión y se habría comprometido a devolver $ 724 millones.