Para este 29 de febrero estaba programado el juicio disciplinario que se tiene previsto contra el canciller Álvaro Leyva, quien actualmente está suspendido de su cargo. Sin embargo, la defensa del diplomático pidió su aplazamiento de la audiencia.
“Respetuosamente, solicito se reprograme la audiencia de descargos y pruebas prevista para el 29 de febrero de 2024 a las 10:30 a.m., en la sala de audiencias de la Procuraduría General de la Nación, de la cual fui notificado el pasado viernes 23 de febrero”, se lee en la carta que envió el abogado de Leuva, Yefferson Dueñas.
Efectivamente, la Procuraduría aceptó la solicitud, pero casi de inmediato dio a conocer la hora y fecha del juicio.
Según está publicado en el organigrama de audiencias del Ministerio Público, la audiencia quedó fechada para el próximo 6 de marzo, a las 10 de la mañana.
Es importante precisar que este juicio comenzó el pasado 15 de febrero y se desarrolla por posibles irregularidades en la licitación de los pasaportes.
En recientes declaraciones sobre este tema, el Presidente Petro ha vuelto a respaldar la decisión tomada por Leyva, al declarar desierto el contrato que se había firmado con Thomas Greg & Son.
De esta manera, el mandatario insistió en su planteamiento de que no se puede adjudicar un contrato declarado desierto por un superior jerárquico, en referencia a la licitación de pasaportes adjudicada a la firma Thomas Greg & Son, por parte del destituido secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar.
La versión esgrimida en la víspera por el Ministro de Exteriores subrayó que el secretario Salazar “no tenía competencia para revocar el acto administrativo emitido por su superior jerárquico, el canciller Álvaro Leyva Durán, él declaró desierto el anterior proceso licitatorio LP 001 de 2023″.
Murillo sostuvo que la decisión de Salazar fue inconsulta y contraria a las “instrucciones” dadas por él, añadió que el Secretario General estaba de salida del Ministerio y avisó que se estudia con “rigor” su “actuación” dado que se otorgó la licitación “sin contar con el respaldo presupuestal necesario”.