“El conflicto armado, desafortunadamente, no ha gozado de la suficiente verdad, porque los relatos a su propósito o se han acallado o simplemente han estado en las manos de los que no han contado la verdad como es”.

Así lo señaló el procurador delegado ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, Jairo Acosta, al solicitarles a los firmantes del Acuerdo de Paz, miembros de la Fuerza Pública y civiles que se han sometido a ese mecanismo de justicia transicional que cumplan con el compromiso de entregar información que permita la reconstrucción de los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado en los que ellos estuvieron involucrados.

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Con el fin de establecer una verdad reparadora para quienes padecieron las consecuencias de la violencia, y a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Verdad y las Víctimas, el funcionario de la Procuraduría General de la Nación aseguró que “la verdad plena no puede ser un simple ejercicio de retórica para cumplir con una formalidad y recibir los beneficios de la justicia transicional”.

En esa línea, Acosta explicó las funciones que cumple ese organismo de control de cara a los procesos de justicia y reparación y dijo que “la Procuraduría, en escenarios de construcción de la verdad, enfoca todos sus esfuerzos para que, a través de una construcción completa, con relatos nutridos, se desvanezcan las sombras que hasta ahora ha dejado la realidad de un conflicto con tantas víctimas”.

El procurador delegado ante la JEP también indicó que “hoy tenemos que reflexionar sobre todo lo que tenemos que hacer para poder facilitar, acompañar, abrir los caminos hacia la verdad, reconocer que no la hemos tenido, advertir que la necesitamos, que es un imperativo, y que solamente con ella podremos sentarnos, mirarnos de frente, confiar en el otro y reconstruir ese tejido social”.

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Según datos suministrados por el Ministerio Público, en lo que va de este año se han emitido 154 conceptos individuales y 16 correspondientes a macrocasos y se ha intervenido en 107 audiencias y 65 prácticas de pruebas.

Por otra parte, ese órgano de control le ha insistido a la JEP en la necesidad de abrir el macrocaso 11, para que se dedique exclusivamente a investigar y establecer la verdad plena sobre los delitos de violencia sexual y de género ocurridos en el marco del conflicto armado.

En ese mismo sentido, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, dijo en días pasados que “la apertura del macrocaso 11 no da más espera. Lo dijimos, lo reiteramos en 2022 ante el anuncio de priorización, y hoy insistimos en que la decisión sea tomada en el menor tiempo posible”.

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De igual manera, Acosta recordó la urgente necesidad de que “se profundice en los aportes de verdad sobre las violencias cometidas a mujeres y población con orientación sexual diversa, independientemente de que sean población civil o hayan militado en las extintas Farc. También sobre delitos como el reclutamiento forzado a niños, niñas y adolescentes; el secuestro, la tortura y los demás hechos victimizantes que hacen parte de la magistratura y, por supuesto, de la Procuraduría”.