Un grupo de etnoeducadores de los departamentos de La Guajira, Sucre y Córdoba protestan en contra del Gobierno nacional por un decreto que, según denuncian, privatiza la educación a niños en resguardos indígenas.
30 profesores de la región Caribe se manifestaron este jueves, 5 de octubre frente a las instalaciones del Ministerio de Educación Nacional, en Bogotá. El Decreto 1345 del 15 de agosto de 2023, que originó la molestia de los educadores, establece un Sistema Transitorio de Equivalencias para el Régimen de Carrera Especial de los Dinamizadores Pedagógicos o Educadores Indígenas.
La medida se basa en los artículos constitucionales que protegen los derechos a la lengua y la enseñanza tradicional indígena y otorgaría a las comunidades administración total del sistema. Sin embargo, la preocupación de los educadores es que esto también implicaría el manejo de recursos.
“El Gobierno que se denominó del cambio expidió un decreto transitorio que busca privatizar la educación indígena dentro de las mismas comunidades, dándoles así los recursos a las organizaciones indígenas. Eso vulnera los derechos laborales a los etnoeducadores que desarrollamos procesos en comunidades indígena”, dijo a SEMANA Arley van Strahlen Mercado, educador en resguardos indígenas en La Guajira.
Los líderes del plantón pacífico, además, señalaron que el decreto otorgaría a las comunidades indígenas autonomía para tomar decisiones administrativas en el contexto educativo. “Los pueblos indígenas determinan autónomamente sus instituciones, estructuras, autoridades de gobierno y sus procesos de educación indígena propio, así como el ejercicio de funciones jurisdiccionales, culturales, políticas, pedagógicas y administrativas en su ámbito territorial”, explica el Decreto.
Según los etnoeducadores, con esta determinación su vinculación laboral pasará del Ministerio de Educación Nacional a los resguardos indígenas, pues esta entidad se encargaría de girar los recursos directamente a las comunidades. “La desvinculación ya no se hará por un debido proceso, como se hace en los colegios con las respectivas directivas. Acá solo será la autoridad, junto con una mesa que crearán las mismas organizaciones”, agregó el educador de La Guajira.
Sobre la eventual desvinculación laboral de los etnoeducadores, el Decreto establece que “estará a cargo de los pueblos indígenas, a través de sus estructuras de Gobierno propio, la cual comunicará a la Entidad Territorial Certificada que el Dinamizador Pedagógico o Educador Indígena no cumple con los acuerdos fijados al momento de expedir el aval”.
Otra de las intranquilidades de los educadores está relacionada con el proceso educativo de los niños de estas comunidades. Según advierten los educadores, el Gobierno del presidente Gustavo Petro avaló este decreto por su cercanía con los pueblos indígenas.
“El Gobierno es amigo de las organizaciones indígenas. El Presidente puede tener una buena intención, pero esto tiene trasfondo. A muchos líderes no les interesa la calidad educativa de los niños indígenas, les interesa lucrarse”, expresó Van Strahlen.
José del Carmen Pedraza Martínez, docente en el municipio de Albania, también en La Guajira, dice que el decreto se expidió sin consultar a los resguardos, decisión ya está generando enfrentamientos en las comunidades por la asignación de recursos.
“Los mismos indígenas, en vez de estar pendientes de administrar los dineros de la educación de los niños, se van a enfrentamientos de sangre. Vamos para atrás. Día a día vemos deteriorado el sistema de educación indígena solo por darle prioridad a algunas organizaciones que le hicieron campaña al Presidente”, indicó.
El decreto tiene la firma del presidente de la República, Gustavo Petro; el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; la ministra de Educación, Aurora Vergara, y el director del Departamento Administrativo de la Función Pública, Cesar Augusto Manrique. Cabe mencionar que desde el 0Ministerio de Educación Nacional ya nombraron delegados para dialogar con los etnoeducadores de la región Caribe inconformes con la decisión del Gobierno.