“Es importante para la paz en las Américas que Venezuela libere todas las personas detenidas en el marco de las elecciones y las postelecciones, incluidos los doce colombianos detenidos en su territorio”, pidió al régimen de Nicolás Maduro el presidente, Gustavo Petro, quien señaló que estos se encuentran como “presos políticos”.
Las detenciones de estos ciudadanos, cuyas identidades han sido confirmadas por diversas organizaciones y familiares, han ocurrido en diferentes estados de Venezuela, algunos sin que se conozca su paradero exacto.
Entre los detenidos se encuentran desde abogados hasta activistas, quienes han sido acusados de delitos políticos, entre ellos conspiración, sin que exista claridad en muchos casos sobre los cargos que se les imputan.
Sin embargo, según fuentes oficiales y organizaciones de derechos humanos, persiste la falta de claridad en muchos casos sobre las razones por las que los mantienen retenidos.
La lista de los 12 colombianos detenidos en Venezuela está compuesta por Manuel Alejandro Tique, Arlei Danilo Espitia, David Josué Misse, Edwin Iván Colmenares, Carlos Alberto Cañas, Martín Emilio Rincón, Kevin José Saavedra, Danner Gonzalo Barajas, Leidy Jimena Méndez (quien, en el momento de su detención era menor de edad, pero ya ha cumplido la mayoría de edad), Brayan Sair Navarro, Dionel López y Juan Zúñiga.
¿Qué pasó con ellos?
Los casos de los detenidos se concentran principalmente en dos regiones fronterizas con Colombia: los estados de Apure y Miranda, aunque también se han producido arrestos en Caracas y otras ciudades de Venezuela.
Edwin Iván Colmenares, abogado de 34 años, fue arrestado el 1 de noviembre de 2024 mientras se encontraba viajando hacia Cúcuta.
Su madre, Dolly García, relató al diario La Opinión que su hijo fue detenido por la Guardia Nacional Bolivariana en Apure sin explicación.
“Él estaba de paso en Venezuela, pero nunca pensamos que terminaría en una cárcel de ese país. Desde ese día no hemos sabido nada de él. Solo nos dicen que está bajo la custodia del Sebin, pero no hay más información”, contó García.
Otro caso que ha generado preocupación es el de Danner Barajas, un hombre de 50 años que había viajado a Venezuela para visitar a su madre.
Según sus familiares, fue detenido el 7 de noviembre por las fuerzas armadas venezolanas, quienes habrían trasladado su caso a una investigación debido a su formación en escolta y su servicio en el Ejército colombiano.
Brayan Navarro, de 28 años y oriundo de Pueblo Bello, Cesar, también está desaparecido desde el 5 de enero, cuando fue detenido por la Guardia mientras regresaba de pasar las fiestas de fin de año en Colombia.
Mientras tanto, David Josué Misse, mototaxista de 30 años, fue arrestado el 22 de septiembre de 2024 cuando se encontraba en la frontera con Venezuela. Su paradero es incierto.
Kevin Saavedra, un joven de 22 años, fue detenido el 29 de octubre de 2024 mientras cruzaba la frontera hacia Venezuela. Según su familia, fue arrestado dentro del territorio venezolano por la Dirección General de Contrainteligencia Militar, pero desde su detención no han recibido información oficial sobre su paradero.
A estos casos se suman los de Carlos Alberto Cañas, Martín Emilio Rincón, Juan Fernando Zúñiga, Dionel López y Leydi Jimena Méndez, quienes también permanecen bajo custodia o desaparecidos. En el caso de Cañas y Rincón, se sabe que están recluidos en la cárcel del Rodeo I, en Caracas.
El caso de los “mercenarios”
Manuel Alejandro Tique y Arley Danilo Espitia fueron acusados por el régimen Maduro de formar parte de un complot para derrocar al presidente.
El 17 de octubre, Diosdado Cabello, ministro de Interior venezolano, mencionó en una rueda de prensa que 19 “mercenarios” extranjeros habían sido arrestados en el último mes, entre los cuales se encontraban Tique y Espitia, quienes, según el gobierno de Caracas, habrían intentado desestabilizar el orden institucional tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Cabello los señaló como parte de una red de mercenarios, describiendo a Tique como un “reclutador de paramilitares” y a Espitia como un conspirador. Las familias de ambos han rechazado las acusaciones, afirmando que no existen pruebas contundentes para respaldarlas.
Tique, un ingeniero industrial de 31 años, fue detenido el 14 de septiembre de 2024 en el estado de Miranda, cuando intentaba ingresar a Venezuela desde Cúcuta para realizar unas capacitaciones en San Cristóbal.
“Lo arrestaron sin darme razones claras. Me dijeron que había una alerta en su pasaporte, pero no me dieron más detalles. Desde entonces, está en prisión sin juicio”, comentó su familia. Tique es considerado por su círculo cercano como un hombre sin antecedentes criminales.
Por su parte, Espitia, un hombre de 28 años originario de Bogotá, fue detenido el 15 de septiembre de 2024 en la frontera de Venezuela, bajo acusaciones similares.
Según su pareja, Paola Reyes, las autoridades venezolanas lo arrestaron sin darle acceso a un abogado. “Nos dijeron que solo lo iban a retener por algunas horas. Pero pasaron varios días y nunca supe más de él”, relató Reyes, quien también ha denunciado la falta de acceso a información sobre el paradero y el estado legal de Espitia.
Los demás detenidos
El Foro Penal, una ONG dedicada a la defensa de los derechos humanos en Venezuela, reveló a Colprensa un nuevo listado de presos políticos con doble nacionalidad, entre ellos varios colombianos detenidos en Venezuela.
La organización teme que los presos políticos, cuyos procesos judiciales se desarrollan en un contexto de represión política, estarían siendo utilizados por el régimen de Nicolás Maduro como herramientas de negociación en procesos internacionales.
El grupo de personas que figura en el reporte incluye a Jhon Hader Betancurt, Roberto Andrés Rondón, José Ibiénay Ruiz, Rafael Enrique Castro, Óscar Leonardo Aguillón, José Alexander Sanguino y Doremski Rojas, todos con cargos relacionados con conspiración y manifestaciones contra el gobierno venezolano.
Entre los detalles compartidos, Foro Penal indicó que estos casos evidencian un patrón de represión política donde los detenidos son acusados de conspiración fuera de manifestaciones, con arrestos realizados entre 2019 y 2024.
Estos individuos están privados de libertad en condiciones de alta seguridad en cárceles como el Centro de Procesados y Penados Área Metropolitana de Caracas I, conocido como el Antiguo Sebin Helicoide.
El foro también enfatizó la situación de los detenidos con doble nacionalidad, apuntando que, en ocasiones, estos presos podrían ser usados como rehenes para negociaciones políticas.
Gonzalo Himiób Santomé, vicepresidente del Foro Penal, explicó a Colprensa que el uso de presos políticos formaría parte de una estrategia política del régimen venezolano, puesto que estas personas son consideradas rehenes que Venezuela podría intercambiar por otros detenidos o como parte de negociaciones internacionales que busquen la legitimación del régimen o la eliminación de sanciones.
“Es una política que también se ha visto en otros países, como China, Rusia o Irán”, señaló Himiób, agregando que esta estrategia beneficia a corto plazo al régimen, ya que mantiene el control sobre estos prisioneros y no muestra incentivos claros para liberar a los detenidos extranjeros.
Por su parte, Germán González, analista político y consultor, sostuvo que Colombia probablemente no se involucre en una negociación por la liberación de los presos políticos colombianos detenidos en Caracas, debido a la sensibilidad de los derechos humanos en el contexto político actual y la presión internacional sobre el gobierno venezolano.
Según él, la postura del presidente Gustavo Petro sobre “una América sin presos políticos” no es suficiente para generar una presión efectiva sobre Maduro para liberar a los prisioneros, aunque sí ayuda a marcar una distancia política del régimen venezolano.
“No es un discurso efectivo para liberar a los presos políticos. Pero sí para políticamente distanciarse del régimen venezolano y seguir alimentando la narrativa de rechazo contra algunas prácticas del mismo”, añadió.
Sin embargo, resaltó que la estrategia de Petro de condenar las prácticas represivas del gobierno venezolano añade presión política al régimen de Maduro en el ámbito internacional, al venir de uno de los líderes de izquierda de la región como es el primer mandatario colombiano.