Este viernes la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al expresidente Álvaro Uribe Vélez por tres delitos, fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno, que para el ente investigador, fue el determinador de esas conductas punibles.
Ahora, lo que queda pendiente son tres procesos, el primero es la audiencia preparatoria de juicio en el que se anuncian las pruebas que se van a presentar por parte de la Fiscalía en el juicio.
Después se da el juicio, que es la etapa más importante porque se revelan las pruebas, se escuchan a los testigos mientras la Fiscalía pretende demostrar la responsabilidad del expresidente y con las que la defensa de Álvaro Uribe deberá demostrar su inocencia.
Por último, se llevarán a cabo las audiencias de fallo y la sentencia, una etapa en la que el juez de conocimiento que fue el encargado de presidir el juicio determinará si lo condena o lo absuelve. Dado el caso de que sea condenado, también se le impondrá la respectiva en este punto.
El pasado viernes también se conocieron las fechas en la que la juez determinó la fecha de la audiencia preparatoria del juicio, que quedó estipulada para el próximo 10, 11 y 12 de julio de 2024 y luego se retomará el 5, 6, y 7 de agosto.
El proceso comenzó en 2018, con una investigación que la Corte Suprema adelantaba contra el senador Iván Cepeda luego de un debate de control político convocado por el político de izquierda. Cepeda reveló testimonios de exparamilitares que señalaban a Uribe por supuestos nexos con el paramilitarismo, principalmente en Antioquia.
En medio de la investigación, los testigos comenzaron a retractarse, pero uno de ellos, Juan Guillermo Monsalve, manifestó por escrito que recibía presiones. La Corte en sus pesquisas descubrió que ese era un patrón que se presentaba en varias declaraciones, así que archivó su indagación contra Cepeda e inició una contra Uribe.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema siguió su curso, llamó a Uribe a indagatoria en 2019 ante el magistrado César Reyes y en agosto de 2020 ordenó detener al exsenador de manera preventiva en su residencia. El paso siguiente era acusarlo, pero antes de que ocurriera Uribe renunció al Congreso, así que su expediente pasó a la Fiscalía.
Contrario al alto tribunal, la Fiscalía intentó cerrar el caso. La primera solicitud llegó por cuenta del entonces coordinador de fiscales delegados ante la Corte, Gabriel Jaimes, y la segunda, por el fiscal Javier Cárdenas. Una jueza le negó la preclusión a Jaimes y otra, a Cárdenas, quien apeló y recibió otra negativa del Tribunal de Bogotá.