Luego del revuelo político generado por la decisión de la sala plena del Consejo Nacional Electoral, CNE, de abrir investigación formal a la campaña ‘Petro Presidente’ y formular cargos contra los implicados en una supuesta violación de topes de financiación, la pregunta es: ¿qué sigue en el proceso?
“Faltaría el pliego de cargos, los argumentos de defensa, las pruebas y que finalmente se llegara a la conclusión de que hubo una infracción al límite de financiación de las campañas, poniendo sanciones de tipo administrativo al gerente de la campaña (Ricardo Roa, actual jefe de Ecopetrol) y eventualmente remitiendo partes a la Comisión de Acusaciones de la Cámara”, explicó el constitucionalista Juan Manuel Charry.
Aclara que “aún falta la parte formal del proceso administrativo en el CNE. ¿Cuál es el rol del Congreso? El Artículo 109 de la Constitución dice que, si el candidato que violó los topes resultó elegido, pierde el cargo, y la Corte Constitucional, así como la ley que regula la elección presidencial, dicen se esto solo puede hacerse a través del Legislativo, en un trámite de juicio de indignidad”.
En ese sentido, Luisa Fernanda Marín, profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de la Sabana, detalla que “si llegase a existir lugar a sanciones, ya no solo de tipo administrativo ni económico, sino sobre si el Presidente pierde o no la investidura o incluso si hay implicaciones penales, ya será competencia directamente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara”.
Y añade que se debe identificar si, como lo dijo el CNE en su comunicado, hubo financiación prohibida por parte de algunas entidades, como fue en el caso de Fecode.
Además, Charry indica que la Constitucional ha establecido que debe evaluarse que la violación de topes sea sustancial al régimen de financiación y no un simple descuadre contable, sino que tiene que haber una extralimitación que establezca la diferencia en la competencia de ese candidato con los demás, porque tuvo una financiación significativamente mayor que sus competidores.
Para él, “estamos aún lejos de llegar a la apertura del juicio político, porque falta tramitar la parte formal de la investigación administrativa, donde seguramente la defensa, tanto de Roa, como del entonces candidato Petro, tendrán sus argumentos para decir cómo fue la financiación, si estaba en campaña o no, si fue al partido, y darán sus argumentos para que sean analizados”.
En ese sentido, otras versiones jurídicas indican que los tiempos para la investigación están demasiados ajustados, ya que las infracciones a los procesos electorales prescriben a los tres años, que en este caso sería el 19 de junio de 2025.
¿Cómo se tomó la decisión?
Aunque la decisión del tribunal se venía aplazando por diversos motivos, entre ellos los recursos judiciales que habían interpuesto los abogados del Mandatario, siete de los nueve magistrados votaron para abrir una investigación formal a la campaña presidencial del 2022.
Los otros dos votos correspondieron a Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez, que salvaron su voto por considerar que el tribunal electoral no tiene competencias para procesar al Jefe de Estado.
Además, la formulación de cargos involucra a Lucy Mogollón, tesorera de la campaña. y a María Soto y Juan Carlos Lemus, auditores de la misma.
Según el comunicado del CNE, para la primera vuelta, en mayo de 2022, hubo una vulneración al límite de gastos por $ 3709 millones, los cuales ingresaron por concepto de omitir el aporte realizado por Fecode, por la suma de $ 500 millones, y el préstamo del Polo Democrático, por otros $ 500 millones.
Otro motivo señalado por los magistrados para abrir la investigación es porque se omitió el pago a testigos electorales por $ 931 millones.
La sala plena acogió la consideración de que se omitió el reporte de gastos por concepto de propaganda electoral por $ 356 millones y los pagos efectuados desde la campaña al Senado 2022 de la coalición Pacto Histórico por $ 202 millones.
Otros gastos, que según el CNE se omitieron en la primera vuelta, fueron los del servicio de transporte aéreo, por $ 1249 millones; los aportes realizados de la Unión Sindical Obrera, por $121 millones. Adicionalmente, la presunta financiación prohibida, al recibir aportes de Fecode, Ingenial Media y USO.
Asimismo, en el reporte del Consejo Nacional Electoral se indica que “para la segunda vuelta, se les formula cargos por la presunta vulneración al límite de gastos por más de $ 1600 millones, al omitir el reporte del pago de un evento realizado por $ 100 millones.
Tampoco se habría hecho el reporte de ingresos y gastos del servicio de transporte aéreo por $ 962 millones, y se habría omitido el reporte de ingresos y gastos por los pagos realizados por Colombia Humana, por más de $530 millones, así como el de los aportes realizados por la USO, por $ 379 millones, y de Colombia Humana y Unión Patriótica, en calidad de organizaciones designadas como responsables de la auditoría y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña presidencial.