No solo con denuncias que están presentando los partidos opositores, sino también con firmas, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes está recibiendo solicitudes para que se abran investigaciones contra el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, por la presunta financiación de un narcotraficante en su campaña presidencial el año pasado.
Aunque las firmas no es un mecanismo válido ante la Comisión de Acusaciones, que es el juez natural del Mandatario de los colombianos, este martes la plataforma ciudadana Foro Colombia Libre entregó a esa comisión al menos 7200 firmas con las que pide un juicio político público a Petro.
Foro Colombia Libre es uno de los grupos que viene promoviendo la manifestación en contra del jefe del Estado para este miércoles por lo que consideran hechos de corrupción que se están presentando en su gobierno.
Una de las voceros del grupo, Ana María Medina, señaló que “hoy hemos venido a radicar estás firmas para exigirle a la Comisión de Acusaciones el juicio político por las denuncias radicadas contra el Presidente. La invitación a todos los colombianos es que apoyemos en las calles del día de mañana 16 de agosto, cuando saldremos a marchar nuevamente a exigir juicio político, las leyes son las leyes y la Comisión de Acusaciones debe cumplirlas”.
Por su parte, el abogado José Manuel Abuchaibe, también de esa plataforma, planteó que “a la fecha no se sabe si se ha abierto investigaciones, quiénes son los investigadores, todo lo tienen reservado cuando dice la ley quinta de 1992 que estas indagaciones y deliberaciones deben ser públicas, aquí no hay por qué tener reservas sobre lo que está sucediendo con Gustavo Petro, pero eso es lo que están haciendo actualmente”.
Este mismo martes, el representante a la Cámara del Centro Democrático Christian Garcés radicó en la comisión una demanda contra Petro Urrego, por la presunta filtración de dineros del narco Juan Carlos López. “Se investigue si la campaña presidencial de Gustavo Petro Urrego participó de los dineros ilícitos que presuntamente recibió del narcotraficante Juan Carlos López Macías y su esposa Sandra Navarro Trujillo, y si estos fueron reportados en sus informes de ingresos y gastos de campaña ante el sistema Cuentas Claras y el Consejo Nacional Electoral”, indica la denuncia al mandatario.
El lunes, en la misma comisión, el senador de ese partido Miguel Uribe presentó una denuncia sobre las mismas consideraciones. Se debe recordar que la Comisión de Acusaciones ya tiene pendiente de estudiar demandas presentadas por el excandidato presidencial Federico Gutiérrez, el representante a la Cámara Miguel Polo Polo y el senador Jota Pe Hernández, por las afirmaciones hechas por su hijo Nicolás Petro y su exnuera Day Vásquez, sobre la financiación de la campaña en la costa norte.
Petro y Odebrecht
El presidente de la República, Gustavo Petro, le solicitó a la Fiscalía General de la Nación, si es necesario ,abrir procesos por casos de Odebrech. “He ordenado a la Cancillería de Colombia utilizar todos los mecanismos de colaboración jurídica con los gobiernos de los EE.UU. y de Brasil para establecer los daños y las reparaciones que la confesión del grupo Aval genera al Estado colombiano”.
La decisión orientada por el Presidente Gustavo Petro desde su cuenta de Twitter se produce luego de conocerse, el 10 de agosto, la determinación de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos comúnmente (SEC) de “acusar al conglomerado colombiano Grupo Aval Acciones y Valores S.A., Grupo Aval S.A., y a su filial bancaria Corporación Financiera Colombiana S.A. (Corficolombiana), por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). El Grupo Aval, cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York, acordó pagar 40 millones de dólares para liquidar los cargos de la SEC”, como se señala en su comunicado de prensa.
El Mandatario señaló que los ciudadanos brasileños que “incurrieron en delitos en Colombia gozan de total impunidad y Odebrecht no ha pagado un peso de las multas impuestas en Colombia”.
Señaló el Presidente, igualmente, que “los contratos entre Corficolombiana y el Estado colombiano deben ser revisados, comenzando por el contrato de estabilidad jurídica a la luz de la ley colombiana”.