La plenaria del Senado de la República aprobó este martes en segundo debate el proyecto de ley que busca reformar el sistema judicial en Colombia. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia, ahora pasa a debate en la Cámara de Representantes.
El proyecto de ley modifica la figura de reparación, la concesión de beneficios por allanamientos y preacuerdos y la aplicación del principio de oportunidad. Tras su aprobación, con 59 votos a favor y solo uno en contra, se espera que se tramite en la Cámara de Representantes durante el primer semestre del 2025.
“Logramos la aprobación de la reforma a la justicia, una iniciativa que no busca otra cosa que descongestionar el sistema, agilizar la aplicación de penas y recuperar la confianza en el Poder Judicial”, expresó el senador Carlos Fernando Motoa, ponente del proyecto.
El congresista destacó que la aprobación del proyecto en el Senado es el resultado de semanas de estudio con la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia, además de una amplia discusión en la Comisión Primera del Senado.
“Este es un avance significativo para el país. La reforma no solo permitirá mejorar la eficiencia del sistema, sino que también dará un paso importante hacia la reparación de las víctimas y la reducción de la criminalidad”, señaló.
Y resaltó que el proyecto busca abordar varios de los problemas estructurales que enfrenta la justicia colombiana, como la congestión judicial y la impunidad. “Estamos construyendo una justicia más rápida, más justa, que no solo beneficia a los implicados, sino a toda la sociedad”, agregó Motoa.
Durante la sesión, el magistrado Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema de Justicia, explicó que la reforma judicial traerá resultados concretos en los próximos años. “Les doy mi palabra de juez que es una buena reforma y estoy dispuesto a responder por los resultados que en dos años con cifras les vamos a demostrar”, sostuvo.
El proyecto, ahora en manos de la Cámara de Representantes, es visto como un paso clave en la modernización del sistema judicial colombiano, con el objetivo de hacer más eficientes los procedimientos penales y reducir la carga procesal.
*Con información de Colprensa.