Ahora sí, de manera definitiva, el proceso revocatorio contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se cayó. El proceso, finalmente, lo tumbó la Registraduría, que así lo decidió en una resolución de este 22 de noviembre. En el documento se resuelve que el comité revocatorio voló los topes estipulados por el Consejo Nacional Electoral para el año 2021, cuando se recogieron las firmas.

De inmediato, el vocero de la revocatoria, Andrés Rodríguez, reaccionó negativamente a la decisión de la revocatoria. “Y así no más, sin pruebas, sin una justificación real, sin tener una respuesta contable confirmada; la @Registraduria acaba de negar la certificación de los estados contables, asegurando que superamos los topes. Lo cual es completamente falso”, dijo Rodríguez a través de su cuenta de Twitter.

El proceso había naufragado ya en el Consejo Nacional Electoral, donde no se certificaron nunca las cuentas del comité revocatorio. Sin embargo, el proceso se mantenía vivo gracias a un fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia en el que le ordenaba a la Registraduría, en un plazo de ocho días, notificarle al presidente Gustavo Petro para que convocara a las urnas, tras cumplir el proceso de certificación de las firmas válidas.

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En respuesta a esa decisión del tribunal, emitida el pasado 9 de noviembre, la Registraduría había pedido aclarar el alcance de ese fallo, dado que no contaba con la certificación de los estados contables que debía emitir el Consejo Nacional Electoral, CNE.

Entonces el Tribunal desestimó esa petición y le reiteró su llamado a notificar al presidente Gustavo Petro para que convocara a las urnas.

Y eso fue lo que finalmente hizo la Registraduría, pero negando la continuidad del proceso. En uno de los apartes que justificaban la solicitud del órgano electoral, se lee que la Sección Quinta del Consejo de Estado (especializada en temas electorales) había emitido un pronunciamiento “diametralmente opuesto y anterior al fallo” al del Tribunal Administrativo de Antioquia frente al tema de la revocatoria.

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Con esta decisión, la Registraduría cierra las puertas a un proceso que tuvo muchas contradicciones jurídicas, pero también un claro manejo político, cuando desde el Consejo Nacional Electoral dilataron el estudio y aplazaron una y otra vez la decisión sobre los estados contables, a pesar de que los promotores aclararon una y otra vez el origen de los recursos y la no violación de los topes fijados para estos procesos.