Este lunes 7 de octubre, el expresidente Iván Duque arremetió contra el acuerdo nacional que propuso el Gobierno del presidente Gustavo Petro, lanzó fuertes críticas.
A través de su cuenta de X, el exmandatario cuestionó punto por punto, las cinco bases del acuerdo que fueron presentadas por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien es el que liderará la búsqueda de los diferentes sectores que está buscando el gobierno en ese propósito.
“¿Acuerdo nacional? 1. Respetar el calendario electoral y las reglas electorales. ¿Sin acuerdo las van a violar? ¿No son acaso normas vigentes?”, inició diciendo.
En ese sentido, el expresidente también hizo referencia a otro punto: “Erradicar la violencia de la política”. Frente a esto, cuestionó: “¿Quiénes están nombrando a los criminales gestores de paz? ¿Quiénes están dándole espacio político al Clan del Golfo? ¿Quiénes están beatificando a Mancuso? ¿Quiénes están presionando la judicialización de los opositores?”.
“3. Crecimiento con equidad. ¿Quiénes están espantando la inversión? ¿Quiénes están intimidando a empresas con la SIC y los derechos de petición de la bancada de Gobierno? ¿Quiénes están proponiendo reformas que incrementan los costos de hacer empresa?”, continuó criticando el exmandatario.
Frente al aspecto de “desescalar el lenguaje”, Duque se preguntó: “¿Quién llama “muñecas de la mafia” a las mujeres periodistas? ¿Quién llama a los opositores “fascistas”? ¿Quién acusa a los opositores sin pruebas, sustento y fundamento?”
Al final, Duque catalogó el acuerdo como “cosmético” y le confirmó al Gobierno que lo que se requiere es que respete la Constitución y la Ley.
“Antes que invitar a “acuerdos” cosméticos, lo que se requiere es que el gobierno respete la Constitución y la ley, genere confianza, deje de ideologizar la agenda de gobierno y de presionar a las instituciones”, concluyó.
¿Qué dice la propuesta del acuerdo nacional presentado por el Gobierno de Petro?
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, resaltó que el acuerdo siempre se deberá construir sobre la base del respeto a la Constitución Política de 1991, “se trata de un proceso incluyente y participativo que buscará una metodología de construcción de consensos y acuerdos y que convocará a las diferentes instancias de diálogo institucional y sectores sociales representativos”.
Asimismo, explicó que las bases son seguridad y erradicación de la violencia del ejercicio de la Política. “Se debe promover desde el ejemplo la recuperación de los valores democráticos, desescalar el lenguaje en el debate y la deliberación política, erradicar la estigmatización y respetar la diferencia y el disenso en todos los escenarios; acordar medidas efectivas para promover una mejor respuesta del Estado a la protección de la vida de los líderes políticos y sociales y de las personas firmantes de paz”, planteó el ministro.
Otra base del acuerdo es el respeto a las reglas electorales y al calendario electoral, “se debe garantizar la estabilidad de las reglas de juego democráticas en el corto, mediano y largo plazo en los niveles nacional, regional y local. No promoveremos la reelección ni la alteración de los periodos de los mandatarios de la rama ejecutiva de elección popular. Nos comprometemos, en el marco del proceso del Acuerdo Nacional, a estudiar y construir consensos sobre el cambio en el sistema político y electoral para que sea más eficiente y transparente, para que se fortalezcan los partidos y movimientos políticos y para que mejore el sistema de financiación de las campañas políticas”, dice el ministro.
El tercero es la transformación territorial de los municipios más afectados por el conflicto. En este punto, según Cristo, “es necesario dar un impulso vigoroso a la transformación de las 16 regiones donde se ejecutan los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Más allá de las diferencias políticas respecto del Acuerdo de Paz firmado en 2016, apoyaremos y trabajaremos con los alcaldes y gobernadores y, de manera articulada y participativa, con las comunidades, el sector privado, el gobierno nacional y la comunidad internacional, en las iniciativas y proyectos que mejoren las condiciones de vida y seguridad de los 6,6 millones de habitantes de esos 170 municipios. Solo la intervención integral de esos territorios para transformarlos impedirá el reciclaje de las distintas violencias en las zonas PDETS y las regiones históricamente más afectadas por el conflicto. Esa intervención integral en los territorios críticos debe convertirse en una prioridad del Estado y de la sociedad, más allá del gobierno de turno”.
Resaltó que la cuarta base es el crecimiento económico con equidad, “se debe transitar de una economía con alta desigualdad y desempleo, hacia una economía productiva, incluyente y equitativa que proteja y conserve la naturaleza y cuya competitividad esté basada en la educación, el talento, la tecnología y la conectividad, la transición energética, la estabilidad macroeconómica y el fortalecimiento del Estado Social de Derecho”.
El último es el compromiso con la deliberación argumentada y el trámite en el Congreso de las reformas sociales. “Es esencial reconocer la necesidad de avanzar con apremio en las reformas sociales que mejoren el bienestar de los colombianos y las condiciones para consolidar la paz. Por esta razón, acordamos trabajar con todos los partidos políticos representados en el Congreso, la discusión de un grupo prioritario de proyectos que hacen parte de la actual agenda legislativa, y de esta manera dar trámite para su aprobación, en el marco del respeto a la oposición, de la deliberación argumentativa, de la búsqueda constructiva de consensos y del diálogo respetuoso”, explicó.
*Con información de Colprensa y redacción de El País.