El precandidato presidencial, Rodolfo Hernández, dijo que no acepta haber cometido el delito de celebración indebida de contratos por presuntas irregularidades contractuales en un contrato de asesoría en la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga, Emab.
A Hernández se le acusa de haber permitido que entre el período 2016-2019 se adjudicara de manera irregular un contrato por 30 años con un costo de $336 millones para la implementación de una tecnología en el relleno sanitario El Carrasco, en Girón, Santander.
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Aparentemente, Hernández habría presionado a la Empresa de Aseo de Bucaramanga (Emab) para que adjudicara el contrato a Jorge Alarcón, de Vitalogic, RSU. Supuestamente Luis Carlos Hernández, hijo del ingeniero, firmó en una notaría un acuerdo de corretaje para el cobro de una comisión si Emab licitaba con Vitalogic.
Por este caso, la Fiscalía también investiga de la Emab al exgerente José Manuel Barrera; a Rubén Amaya, jefe de disposición final; al contratista Jorge Alarcón y los empresarios Luis Andelfo Trujillo y Carlos Gutiérrez, cercanos a la familia de Hernández.
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Minutos antes de entrar a la diligencia Hernández dijo no tener la obligación de asistir a esta diligencia “pero estaré allí como siempre lo he hecho, para darles la tranquilidad que no hay nada que esconder. Esperamos que este proceso avance como corresponde y que no se siga dilatando en el tiempo", aseguró Hernández.