El fraude electoral que se consumó en Venezuela tras los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024 y que se confirmó con la toma de posesión de Nicolás Maduro el pasado 10 de enero, abre una nueva etapa en el acontecer político venezolano, pues quedó claramente establecido que se ha perpetrado un golpe de estado que elimina cualquier vestigio de legitimidad del régimen venezolano, al cual se puede calificar sin reserva alguna como dictatorial.
Esta situación plantea nuevos retos a la oposición venezolana que, si bien se anotó un gran éxito al vencer a Nicolás Maduro bajo las condiciones más adversas en las elecciones del año pasado, no solo no ha podido hacer efectivo el triunfo ante el robo electoral que se ha perpetrado, sino que ha sido objeto de una amplia y brutal represión que ha llevado a la cárcel a cientos de sus dirigentes, militantes, autoridades electas y simpatizantes.
La primera conjetura que se presenta después del mazazo a la democracia que ha dado el chavismo es si la oposición continuará insistiendo en el camino electoral para desplazar a Maduro del poder con el objeto de abrir una transición democrática. Esta disyuntiva ha estado siempre presente en las discusiones de los opositores venezolanos, donde en algunos momentos se han impuesto las tesis abstencionistas bajo el argumento de que no hay que legitimar al régimen participando en sus elecciones y, en otras, las de quienes fomentan la participación en los comicios bajo la premisa de que hay que aprovechar cualquier resquicio para impulsar los cambios.
En esta ocasión la discusión entre ambas posturas se está volviendo a dar. María Corina Machado, líder indiscutida actualmente de la oposición venezolana tras vencer de forma aplastante a las otras opciones en las primarias celebradas en octubre de 2023 y dirigir el triunfo sobre Maduro del candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, ha hecho un primer anuncio desaconsejando la participación en las elecciones legislativas, regionales y locales previstas para este año hasta que no se reconozcan los resultados de las presidenciales, posición esta que no es necesariamente compartida por otros sectores contrarios al chavismo.
La lucha entre los abstencionistas y quienes favorecen la participación en elecciones ha sido letal en el pasado para la oposición venezolana, pues ha generado profundas divisiones y gran desconfianza en sus filas, al tiempo que en diversas ocasiones ha llevado a importantes derrotas electorales que podrían haberse evitado si se hubiese preservado la unidad. Además, la ausencia de planes B ha llevado a períodos de inmovilismo y desorientación ciudadana.
Curiosamente, María Corina Machado, quien fue en el pasado una ferviente defensora de las tesis abstencionistas y muy crítica con los factores que propugnaban la participación en elecciones, ha logrado su mayor éxito político jugando esta vez en el terreno electoral, donde los venezolanos han podido demostrar que su espíritu democrático sigue vivo y que en el país existe un gran anhelo de cambio, sin duda el gran activo de los contradictores del gobierno.
Estas diferencias en el seno de la oposición ponen sobre la mesa la necesidad primordial de preservar la unidad en torno a una estrategia política opositora consensuada, en uno u otro sentido, que logre superar las debilidades que tienen los partidos democráticos, hoy agravadas por la represión.
En este sentido, es fundamental que se superen las discrepancias entre Machado y los factores agrupados en la Plataforma de la Unidad Democrática de la que ella no forma parte, en el entendido de que la oposición venezolana es muy heterogénea y necesita el concurso de todos para enfrentar a la dictadura.
Ante la apuesta que el régimen de Maduro ha hecho para cerrar los caminos democráticos, a la oposición no le queda otra opción que fortalecer sus capacidades organizativas. Más allá de sus flaquezas, los opositores han demostrado en las últimas elecciones que cuentan con gran potencial al haber organizado y movilizado a la ciudadanía no solo para votar masivamente, sino también para recabar las actas con las que se demostró el fraude.
Tareas para hacer trabajo político y buscar erosionar al gobierno no le faltarán. En este sentido, organizar a la población con el fin de seguir exigiendo el respeto a los resultados de las elecciones, demandar la libertad plena de los presos políticos, instar al cumplimiento de la Constitución, preservar espacios democráticos y de libertad, defender los derechos laborales, luchar por el derecho a la salud, a la educación y a los servicios públicos básicos, así como alcanzar la más amplia unidad política y social posible, son algunos de los cometidos que tiene por delante.
El 10 de enero, cuando Nicolás Maduro tomó posesión, bien podría convertirse en el comienzo de una nueva etapa de la lucha por la recuperación de la democracia en Venezuela en vez de una fecha de llegada.
*Txomin Las Heras Leizaola es investigador adscrito del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y presidente de Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano