Luego de que la Registraduría Nacional del Estado Civil y la empresa Thomas Greg & Sons firmaran un nuevo contrato para manejar la logística de las elecciones atípicas de noviembre de este año, el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, anunció acciones legales al respecto.
El convenio supera los $41 mil millones. Idárraga afirmó que le pedirá a la Fiscalía indagar. “Será la justicia (penal) la que determine la responsabilidad de los funcionarios en esta adjudicación”, escribió en su cuenta de X, donde argumentó que existe una “posible contratación sin el cumplimiento de los requisitos legales”.
Adicionalmente, el funcionario le solicitará a la Procuraduría General de la Nación llevar a cabo “las respectivas investigaciones disciplinarias”, y a la Contraloría, una auditoría por la ausencia de una “posible estimación de valores en el análisis del sector”, es decir, por no establecer un precio adecuado al mercado.
Thomas Greg & Sons, el grupo ASD y la empresa de seguridad Transbank se quedaron con un millonario contrato entregado por la Registraduría Nacional del Estado Civil. A través de la unión temporal Distribución Procesos Electorales (Disproel), vieja conocida del órgano electoral, obtuvieron un convenio de más de $41 mil millones.
Disproel es un consorcio que cambia levemente de nombre cada año que se presenta ante la Registraduría. El de esta ocasión es Disproel 2024, y el del año pasado, Disproel 2023. Durante la temporada de elecciones del año pasado, la entidad estatal le adjudicó a Disproel un contrato de $1,006 billones para la logística de los comicios.
El objeto de la licitación de entonces era “contratar una solución integral de servicios logísticos, tecnológicos e informáticos para la organización de los procesos electorales a realizarse”. El de este año es el mismo.
Tanto en 2023 como en 2024, Thomas Greg, a través de la unión, fue el único posible proveedor en la convocatoria pública. Ahora, por un valor de más de $41.017 millones, la asociación deberá proveer los servicios logísticos que requieran las elecciones del 17 de noviembre, en las que se conformarán las Juntas Administradoras Locales de 43 municipios, y las del 24 de noviembre, que serán consultas para conformar dos nuevas áreas metropolitanas en el país.
La licitación se llevó a cabo con un proceso de selección abreviada cuestionado ampliamente por el presidente Gustavo Petro. A través de su secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, el Gobierno le pidió el 7 de octubre a la Registraduría suspender la audiencia de adjudicación al respecto por unas cuatro razones.
Con una carta enviada al despacho del registrador nacional, Hernán Penagos, Idárraga alegó plazos que no permitían la participación de potenciales contratistas que no hubiesen ejecutado un contrato similar con la Registraduría. Además, indicó que la entidad electoral limita el acceso de otros oferentes distintos a la multinacional.
”Se identifica que la experiencia específica requerida podría cerrar las condiciones de acceso”, dijo el secretario, pues debe “exigirse experiencia únicamente certificada por la autoridad oficial electoral en los últimos diez años, en el caso de Colombia, estaría limitado a contratistas que hayan ejecutado contratos de este tipo con la Registraduría”.
En respuesta, la Registraduría aseguró que se trató de un proceso público sin ninguna preferencia. Y para tratar de blindar su desarrollo, solicitó el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, que este 18 de octubre hizo presencia en la audiencia de adjudicación con el delegado para la Vigilancia Preventiva Marcio Melgosa.
Un día antes de la entrega formal del convenio, la Secretaría de Transparencia publicó en redes sociales una especie de informe sobre la contratación de la empresa Thomas Greg & Sons con la Registraduría Nacional en los últimos dieciséis años, un balance que sirvió para que el presidente Petro cuestionara nuevamente a la multinacional.
El documento señaló que entre 2007 y 2023 la empresa recibió $4,432 billones en designaciones para ejecutar contratos de la Registraduría. En veintiséis de veintisiete procesos licitatorios, aseguró la Secretaría, Thomas Greg “fue el único oferente que presentó propuesta”. La compañía se agrupó en veintitrés uniones temporales creadas en ese período.
”Así se escrutan las elecciones en Colombia”, reprochó en su cuenta de X el jefe de Estado. Los convenios han tenido como objeto la entrega de kits electorales, la impresión de documentos y tarjetas, el empaque y la custodia de los documentos que cada mesa debe tener, o proveer “los bienes y servicios necesarios” para consultas interpartidistas.
No es la primera ocasión en la que el mandatario lanza declaraciones contra la firma. En febrero de este 2024, cuando faltan dos años para una nueva carrera a la Casa de Nariño, objetó que la sociedad pudiese “controlar toda la base de datos de los colombianos en la Registraduría y al mismo tiempo el escrutinio de las elecciones”.
El contrato de mayor cuantía fue el que Disproel consiguió para los comicios regionales del año pasado. Previamente, en 2017, la empresa participó en la unión temporal Soluciones Informáticas Electorales 2018 y obtuvo más de $328 mil millones por proveer el software para el preconteo y el escrutinio de las elecciones legislativas de 2018.
La multinacional se hizo con otro contrato de más de $318 mil millones, gracias a la unión temporal Distribución de Procesos Electorales, para proporcionar “los bienes y servicios necesarios” en las mismas votaciones, en las que se definieron las candidaturas de Gustavo Petro por la izquierda y de Iván Duque por el uribismo.
”Hemos venido alertando sobre la posible violación, por parte de la Registraduría, al deber de selección objetiva y a los principios de economía y transparencia en la contratación pública”, dijo el secretario Idárraga, quien le preguntó al registrador nacional Penagos, si “va a perpetuar esta opaca práctica contractual”.
*Con información de Colprensa.