“El fiscal general, Francisco Barbosa, tiene toda la razón: no hay manera de hacer un trato para no utilizar la violencia con grupos narcotraficantes como con los que el Gobierno quiere incorporar a sus listas de negociadores de paz, dado que el narcotráfico es un negocio típicamente capitalista, de oferta y demanda. Entonces, esas organizaciones van a estar peleando con sus competidores para lograr ventajas en el negocio”.

Con estas palabras, el presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia, Acore, John Marulanda, respalda las críticas del jefe del ente acusador a los decretos firmados por el presidente Gustavo Petro suspendiendo las acciones de la Fuerza Pública en contra de varios grupos criminales, algunos de ellos dedicados al narcotráfico.

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“Nunca antes se había hecho un cese bilateral con grupos narcotraficantes. Es como hacer un cese bilateral con Pablo Escobar o el Cartel de Cali. Nosotros lo que tenemos que decir es que estos decretos tienen que ser revisados desde lo que implican para la operatividad del país”, manifestó Barbosa desde Washington, luego de reunirse con el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland.

El funcionario colombiano también aseguró que esas preocupaciones frente a la política de Paz Total son compartidas por las autoridades judiciales norteamericanas.

“Hay una preocupación sobre ceses de hostilidades con narcotraficantes porque es una figura inédita dentro del derecho internacional y dentro del derecho de los Derechos Humanos. Es necesario que eso se entienda de la mejor manera. El decreto produce, y para mí es lo preocupante en el marco de mis competencias, que se desarticule la política de la persecución policial en Colombia”, agregó Barbosa.

A su vez, el líder del Movimiento Salvación Nacional, Enrique Gómez, señala que “esa extensión que se pretende lograr en el marco del proceso de Paz Total es inconveniente y cuestiona la soberanía nacional, la estabilidad democrática y constitucional y le entrega el poder a criminales de alta peligrosidad que en ningún momento la sociedad ha reconocido”.

Menciona que “de acuerdo con lo planteado por Barbosa, indudablemente existe una contradicción legal y constitucional para usar el marco de la Ley 418, reformada por la 2272, para negociar la ley con organizaciones mafiosas y criminales”.

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En el mismo sentido, el Fiscal colombiano señaló desde Washington que, aunque apoya las iniciativas en torno a la paz, tiene algunas preocupaciones por las decisiones que estaría tomando el Jefe de Estado para garantizarla.

“Como lo he dicho públicamente, acompañamos el proyecto de Paz Total y de levantar órdenes de captura, como lo hicimos con el ELN, con lo que colaboramos. Pero cuando hay órdenes de captura con fines de extracción, como en este caso, no tenemos un marco jurídico ni constitucional para hacerlo”, dijo Francisco Barbosa.

Y añadió que “hay un apoyo indeclinable en cada uno de los propósitos que tenemos. El objetivo es tratar de recomponer el país en una serie de temas que pueden haber fallado. Es importante que esto sea parte de la discusión que voy a tener con el Presidente, para equilibrar lo que está ocurriendo”, aludiendo a la reunión programada para el 30 de enero.

De hecho, ante los ‘peros’ que la Fiscalía General le ha puesto a las solicitudes del Gobierno, el mismo Petro ha reconocido que “tiene razón en algunos temas” y se ha mostrado flexible a que en el encuentro que tendrán el próximo lunes se resuelvan las diferencias y lleguen a acuerdos que faciliten el tránsito hacia la paz.

La génesis de los reparos que hizo Barbosa se remonta a la negativa de levantar las órdenes de captura contra 16 jefes de estructuras criminales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las Autodefensas de la Sierra Nevada, porque, según él, “no existen condiciones constitucionales” para suspenderlas.

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Sobre esa decisión, el presidente de Acore advierte que “no es concebible que en un Estado democrático como el colombiano, un gobernante decida retirarle la orden de captura a los cabecillas de estas organizaciones, pero, si lo que quiere el Ejecutivo es eso, pues que proponga una reforma a la ley y que el Congreso la apruebe”.

Además, John Marulanda observa que, pese a que el Gobierno alega que la reforma a la Ley de Orden Público da cabida para esas solicitudes, se debe tener en cuenta que “Colombia es el primer productor mundial de cocaína, con 1500 toneladas métricas al año, y no hay ningún respaldo jurídico o legal para que el Ejecutivo haga esas solicitudes”.