No cesa la polémica alrededor del recién nombrado integrante de la nueva Comisión Nacional de Disciplina Juan Carlos Granados, investigado por la Corte Suprema de Justicia.
Resulta que este lunes la Sala Especial de Primera Instancia del alto tribunal tenía previsto realizar audiencia dentro del proceso que le sigue por actuaciones que tuvieron lugar cuando Granados era gobernador de Boyacá (2012-2015), pero la misma tuvo que ser aplazada porque el ahora magistrado le revocó el poder a su abogado.
Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación le abrió este mismo lunes una investigación disciplinaria por favorecer, presuntamente, a la multinacional Odebrecht en proyectos de su interés, señalamiento por el que también lo investiga la Corte Suprema.
En especial, el Ministerio Público indagará si quien fue elegido por el Congreso de la República el pasado jueves para integrar la Comisión Nacional de Disciplina intervino en la adjudicación de la vía Duitama–San Gil y de la ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales de El Salitre, ubicada en Bogotá.
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De acuerdo con la Procuraduría General, hay evidencias que muestran que el investigado pudo haber influido en las decisiones, valiéndose de su condición de mandatario y presidente de la junta directiva de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.
Como se sabe, la polémica por el reciente nombramiento de Granados se origina en que, pese a estar siendo procesado por la Corte Suprema, tendrá a su cargo la responsabilidad de evaluar la conducta de jueces y operadores de Justicia, al igual que los otros seis magistrados de la Comisión creada para reemplazar la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, que hacía parte del Consejo Superior de la Judicatura.
Acusado por la Fiscalía
En octubre de 2018, la Fiscalía General de la Nación reveló que Granados, entonces aspirante al primer cargo de Boyacá y con intermediación del exsenador Plinio Olano, se reunió con representantes de la multinacional brasileña, acusada de entregar millonarios sobornos en varios países de Suramérica, para hablar del mencionado tramo vial.
“Siendo usted candidato a la Gobernación en 2011 sostuvo varias reuniones y participó activamente en la efectuada en la casa del senador Plinio Olano, en la que además participaron el representante de Odebrecht, Luiz Antonio Bueno, y Federico Gaviria, exponiendo usted su plan de Gobierno, haciendo énfasis en el proyecto de la vía Duitama-Charalá-San Gil”, aseguró entonces el ente acusador.
En el expediente se agrega que en ese encuentro, que tuvo lugar en Sopó, se concertó un apoyo para Granados por $200 millones, a cambio de que, una vez llegara a la Gobernación, a Odebrecht le adjudicaran varias obras de infraestructura.
“Los dineros, producto de las coimas, debían ser entregados en efectivo a Plinio Olano”, advirtió también la Fiscalía en la audiencia en la que al hoy magistrado le imputaron cargos por concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos.
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En esa ocasión el ente acusador y la Procuraduría habían solicitado medida de aseguramiento en contra de Granados ante el Tribunal Superior de Bogotá, pero este se negó a decretarla. Ahora, el juicio le corresponde a la Sala Especial de Juzgamiento en Primera Instancia de la Corte Suprema, que este lunes esperaba adelantar la diligencia que estaba citada desde el pasado 20 de agosto, pero que tuvo que ser aplazada en el último momento.
La designación de Granados como uno de los integrantes de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial se produjo luego de que 186 congresistas votaran por él, tras ser ternado por la Presidencia de la República.
Según observadores, una vez el también excontralor de Bogotá asuma su cargo, en enero de 2021, el proceso en su contra podría ser asumido por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Reparo
Magda Victoria Acosta, otra de las integrantes de la nueva Comisión, es actualmente magistrada de la Sala Disciplinaria, situación que la pondría en jaque, porque en la práctica se tiene que registrar una nueva posesión y reelección en el cargo, lo que está prohibido en las altas cortes.
Sin embargo, la figura de la Comisión aún no está enmarcada como tal, sin contar que fue elegida en provisionalidad.
La Comisión
En enero de 2021, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial reemplazará a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, que hizo parte del Consejo Superior de la Judicatura hasta el 2015, cuando se creó la Reforma del Equilibrio de Poderes.
La Sala Jurisdiccional ha sido polémica por los ‘magistrados eternos’ Julia Emma Garzón y Pedro Sanabria, a quienes la Fiscalía les abrió investigación tras la compulsa de copias de la Corte Suprema “por extralimitarse en los periodos de tiempo que deben suplir una plaza de la Rama Judicial”.
La excusa de los magistrados es que hasta tanto la Comisión no estuviese creada, no podían salir de ella, como lo estableció la Corte Constitucional, que también dispuso que el Congreso de la República, de cuatro ternas provenientes del Consejo Superior y tres del Jefe de Estado, debían elegir a los siete magistrados de la misma.
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Si bien la Corte dio un año de plazo para la total conformación de la Comisión, esto tardó cuatro años más, por lo que al resolver una acción de tutela dio un ultimatum para que la misma se conformara antes del fin del 2020.
Según la ley, la nueva Comisión ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, por lo que será la encargada de sancionar las faltas de los abogados en ejercicio, pero no será competente para conocer tutelas.