La tensión sobre la impopular reforma de las pensiones aumentó en Francia este viernes con el rechazo del presidente Emmanuel Macron a reunirse de "urgencia" con los sindicatos y una nueva iniciativa del Gobierno para limitar el debate en el Parlamento.
"Como garante de las instituciones, mi deber es preservar este tiempo parlamentario que está teniendo lugar", escribió Macron en una carta, en la que cierra la puerta a reunirse con los sindicatos, aunque asegura que el gobierno está "a su escucha".
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Dos de cada tres franceses, según los sondeos, se oponen a su plan de retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y de adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años (y no 42 como hasta ahora) para cobrar una pensión completa.
El rechazo se plasmó en una serie de masivas protestas desde el 19 de enero, pero que no lograron la retirada del proyecto. Los sindicatos convocaron nuevas manifestaciones el sábado, mientras continúa la huelga en los transportes y el sector de la energía.
El tiempo apremia para los opositores. El gobierno escogió un polémico procedimiento que limitó los días de examen del proyecto y le permite además aplicarlo por ordenanza si para el 26 de marzo las dos cámaras del Parlamento no se han pronunciado.
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El ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, activó además este viernes un polémico mecanismo que limita todavía más el debate en el Senado, donde se encuentra el proyecto, con la esperanza de que la cámara alta lo vote antes del plazo que termina el domingo.
Esta iniciativa enfadó a la oposición de izquierdas, que desde el inicio del trámite busca la obstrucción parlamentaria del texto. "El gobierno amordaza al Senado", denunció el legislador socialista, Patrick Kanner.
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La semana próxima se anuncia decisiva. Un grupo de diputados y senadores debe acordar el miércoles un texto de consenso que, a continuación, el gobierno someterá de nuevo a ambas cámaras a partir del jueves para su último visto bueno.
Con la mayoría del Senado en el bolsillo, el gobierno podría activar un último mecanismo en la Asamblea Nacional (cámara baja) para asegurarse la adopción de la reforma, que sólo podría rechazarse si la oposición presenta una moción de censura y la gana.
Ese mecanismo conocido como el "49.3" es muy polémico. Philippe Martinez, líder del sindicato CGT, advirtió que su uso sería "muy grave para la democracia" y justificaría que la contestación continuara e incluso aumentara. Miércoles hay convocadas nuevas protestas.