A cuatro meses de haber iniciado el calendario electoral “para la competencia por las gobernaciones, alcaldías, asambleas, concejos y juntas administradores locales, el monitoreo de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) registró 64 víctimas de violencia electoral en 41 hechos asociados, entre ellos 11 homicidios.”

Ese es el número de casos de violencia político electoral en Colombia durante lo que va de este periodo (29 de octubre de 2022 a 28 de febrero de 2023), según un informe de la entidad.

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El documento explica que este tipo de agresiones es una subcategoría de la violencia política ejercida contra una persona o un colectivo, debido al ejercicio de sus derechos electorales.

Comparado con el período electoral anterior (28 de octubre de 2021 al 28 de febrero de 2022), el número de hechos de violencia política disminuyó de 64 a 41. Sin embargo, la cantidad de homicidios pasó de 6 a 11, y el de los atentados de 0 a 10.

“Es decir, mientras en el período 2021-2022 los eventos violentos que representaban un daño directo a la vida e integridad de la persona representaron el 9 % de la totalidad de los hechos de violencia, en el período 2022-2023 ese mismo porcentaje es del 51 %. O sea, menos hechos, mayor daño y letalidad. Del total de víctimas (64), 11 fueron asesinadas, 10 sufrieron un atentado y 43 fueron amenazadas”, explica el informe.

La información suministrada por Pares también señala que el 66 % de las víctimas son personas electas por voto popular. Entre ellas, los concejales han sido de los más afectados, con veinte casos, les siguen once alcaldes, cinco senadores, cuatro representantes a la Cámara, un diputado y la vicepresidenta Francia Márquez.

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En ese sentido, de las personas agredidas, el 49 % (31) hacen parte de las coaliciones de Gobierno, el 9 % (6) son miembros de partidos de oposición, el 3 % (2) eran independientes y al 39 % (25) no se les pudo identificar una filiación partidista.

Según Pares, de los 41 hechos de violencia política identificados, 25 fueron perpetrados por agentes desconocidos, pero coincide Nariño como el departamento con mayor afectación.

Es por ello que el informe anota que esos casos, “sobre todo en zonas que no necesariamente responden a dinámicas de conflicto armado, permiten intuir que existen actores políticos que hacen uso de la violencia como mecanismo de competencia electoral para generar miedo en el ambiente en las etapas previas a las campañas políticas”.

A su vez, en los 16 casos restantes se identificaron como presuntos agentes perpetradores a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, en 5 de ellos; a las disidencias o grupos armados posfarc también en 5; a otro tipo de grupos en 4 y al ELN en 2.

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Entre las conclusiones, el documento señala que “la violencia política y electoral sigue siendo una amenaza para las garantías de participación política y más en el marco del ejercicio del Gobierno de Gustavo Petro, que tiene como bandera la Política de Paz Total, en la cual se hace necesario involucrar un componente para reducir estos casos de violencia”.

Además que “las dinámicas de correlación entre violencia y corrupción no solo se han mantenido constantes, sino que hoy constituyen un serio riesgo de que dineros ilegales financien las campañas políticas o se usen estructuras armadas ilegales y presión violenta para la competencia electoral”.